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A principios de este mes se ha celebrado una Mesa redonda, compuesta por expertos de Transparencia Internacional España y la Fundación Hay Derecho, para realizar un análisis del contenido del Proyecto de Ley Integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, también conocida como Ley ómnibus contra la corrupción.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, afirmó “La propuesta de 25 artículos propicia un verdadero y sistémico cambio en el marco jurídico español en relación con los temas de corrupción. Solo falta ahora que los Grupos parlamentarios mejoren al máximo el contenido de esta norma legal”. Además señaló que la proposición cuenta actualmente con 387 enmiendas, y que su contenido tiene mucho valor.
Por su parte, Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política e integrante del Comité de Dirección de TI-España, también resaltó la necesidad de contar con un instrumento legal como este, que se centra en tres aspectos fundamentales: la transparencia, la protección de los denunciantes y la regulación del lobby. A su juicio, esta ley puede ayudar a cimentar las bases de un plan integral de lucha contra la corrupción, en el que estén implicadas todas las instituciones.
Para Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, si bien esta proposición de ley se enfoca en el sector público, es un primer paso para seguir mejorando, señala “Si empezamos por el ámbito público, iremos avanzando de forma natural al sector privado”.
De la Nuez agregó que uno de los aspectos positivos de este instrumento legal es que incorpora una recomendación de organismos internacionales: que la denuncia esté unida al estatuto de protección de los denunciantes. Asimismo, las enmiendas también consideran la ampliación de esa protección a las familias de quienes denuncian.
Como recomendaciones de mejora, Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal e integrante del Consejo de Dirección de TI-España, revisó algunos conceptos que se señalan en la proposición de ley. En primer lugar, señaló, cuando se incorpora la frase “lucha contra la corrupción” en el título, se enfoca la solución solo en las penas y las sanciones una vez que el mal está hecho. “Preferiría una propuesta de ley que llevara en el título la palabra prevención y se centrara en eso. Así podríamos tener un diagnóstico más amplio y profundizar en las causas de la corrupción”.
Agregó que hay solapamientos con otras leyes del marco jurídico español, lo que impide que la ley alcance todas las expectativas que pretende. También apuntó que, si bien la ley pretende incentivar las denuncias, solo se enfoca en las que provienen de los canales internos de la administración pública. A su juicio, se deben incorporar canales externos para considerar denuncias de otros particulares.
Otro de los aspectos destacados por los expertos es que el proyecto de ley no toma en consideración las denuncias anónimas.
Manuel Villoria también destacó otras posibilidades de mejora de la propuesta. Por ejemplo, que incluya regulaciones en el ámbito local, que es donde más conflictos de intereses se pueden identificar, y que se amplíe la definición de lobbista. “Pero, pese a los errores, creo que esta ley es un avance positivo”, concluy
La propuesta se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y podrá estar lista en los próximos meses.
Fuente: agorarsc
