• Compromiso y liderazgo del Órgano de Gobierno (si lo hubiese) y de la Alta Dirección.
• Consideración del contexto de la organización como factor estratégico.
• Identificación, análisis, evaluación, gestión y tratamiento de los riesgos penales, como elemento clave del Sistema.
• Adecuada asignación de responsabildades y funciones con respecto a la estrategia de la organización y su política y sistema de cumplimiento penal.
• Creación de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas.
• Asignación, desde la Alta Dirección, de una Función de Cumplimiento, con la competencia, posición e independencia apropiadas.
• Establecimiento de controles para la prevención de delitos.
• Formación y sensibilización a los miembros de la organización, de forma adecuada a su nivel de responsabilidad y su exposición al riesgo.
• Establecimiento de canales de comunicación y denuncia.
• Modelos de gestión de los recursos financieros y no financieros, adecuados al tipo de organización.
• Información de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
• Evaluación, seguimiento y revisión periódica del Sistema.

• Análisis del contexto como factor estratégico y de los requisitos y expectativas de las partes interesadas.
• Definición y comunicación de la Política de Cumplimiento Penal al personal y a los socios de negocios de la empresa.
• Identificación y evaluación de los procesos donde mayor riesgo penal existe, tomando las medidas y acciones necesarias para eliminarlo o minimizarlo. Elaboración de una Matriz de riesgos, confrontando los delitos recogidos en el Código Penal frente a los riesgos específicos de la organización y del sector en el que esta opera.
• Registro de las acciones formativas y de sensibilización en materia de cumplimiento penal.
• Establecimiento de controles financieros (por ejemplo: requerir la firma de dos niveles distintos para la aprobación de un pago).
• Establecimiento de controles no financieros (por ejemplo: que en la selección de subcontratistas haya una sistemática de preselección y unos criterios establecidos).
• Establecimiento de procedimientos de diligencia debida (por ejemplo: cuestionarios previos a la contratación con clientes expuestos a riesgos, acuerdos de confidencialidad...).
• Establecimiento de procedimientos y canales para que cualquier sospecha o conocimiento de actuación delictiva, en cualquier nivel de la organización, pueda ser comunicada (por ejemplo: creación y gestión de un canal de denuncias).

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos. Toda acción a llevar a cabo en una entidad debe ser adaptada a su realidad y a sus concretas necesidades.

• Disponer de una herramienta eficaz para la identificación y evaluación de los riesgos penales a los que se enfrenta y que contribuya a la toma de medidas para su tratamiento.
• Reducir o eliminar su responsabilidad penal, al demostrar que la organización ha ejercido el debido control.
• Facilitar la detección de malas praxis de directivos, empleados, colaboradores, etc.
• Integrar políticas de comportamiento ético en su gestión y estrategia.
• Mostrarse al mercado como una organización responsable que busca cumplir la legalidad.
• Evitar o atenuar las consecuencias, tanto para la empresa como para sus administradores, de un posible incidente de tipo penal cometido por un directivo, empleado, colaborador, etc.
• Asegurar la integración del cumplimiento penal con el resto de normativas sectoriales y disposiciones internas a las que la entidad esté sujeta.
• Proteger los intereses de socios y accionistas.
• Mejorar la imagen y la reputación.

• Identificar a aquellas organizaciones que aplican criterios éticos en el desarrollo de sus actividades.
• Conocer qué organizaciones alinean su estrategia con las sensibilidades de sus clientes y las reglas de mercado.
• Eliminar prácticas ocultas contrarias al compliance o cumplimiento penal.
• Permite trabajar con proveedores no expuestos a riesgos que puedan comprometer su imagen de marca.
• Menores riesgos al operar en mercados extranjeros, ya que el sistema de gestión se basa en reglas aceptadas internacionalmente.

• Encontrar organizaciones más comprometidas y transparentes.
• Facilitar la identificación de las organizaciones que aplican criterios aceptados de Buen Gobierno Corporativo.
• Evidenciar el cumplimiento penal, a través de la certificación externa.
• Establecer unas reglas internacionalmente aceptadas para el cumplimiento penal corporativo.
• Disminuye la incertidumbre en las transacciones comerciales.
• Genera confianza en las instituciones.

La norma UNE 19601 tiene vocación universal y se aplica a cualquier organización, independientemente del sector en el que opere y de su tamaño. Por tanto, este estándar es aplicable a todo tipo de empresas, desde las más pequeñas a las más grandes, ya sean de ámbito público, privado e incluso en sin ánimo de lucro.