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Además de secundar la declaración del Grupo de Crecimiento Verde, la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha apoyado la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Reglamento de CO2 para turismos y furgonetas, en la que se plantea una reducción de las emisiones medias de la flota de un 15 % en 2025 y de un 30 % en 2020, respecto a niveles de 2020.
«Es imposible reducir emisiones sin abordar un cambio en el modelo actual de movilidad. Somos conscientes de que la industria del automóvil, tan importante en España, necesita tiempo para afrontar este cambio de modelo. No obstante, debe pensar cuál es la mejor estrategia empresarial para el futuro, teniendo en cuenta lo que le demandarán unos clientes cada vez más preocupados por las afecciones que la contaminación tiene sobre la salud», ha asegurado la titular ministerial.
España defiende que el futuro reglamento concilie la capacidad de adaptación de la industria del automóvil con los cambios en el modelo de movilidad y con la necesidad de reducir emisiones. Además, aboga por que la nueva normativa abra oportunidades de innovación para el sector automovilístico español.
La declaración conjunta firmada por 14 Estados del Grupo de Crecimiento Verde reconoce que la ciencia muestra que se requieren esfuerzos significativos adicionales de todas las partes, incluida la UE, para lograr el objetivo de temperatura establecido en virtud del Acuerdo de París. El Diálogo de Talanoa permitirá a las Partes evaluar el esfuerzos que aún se necesitan para informar la comunicación o la actualización de las contribuciones nacionales determinadas y la preparación de las estrategias para un desarrollo a largo plazo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se presentarán en 2020.
En este contexto, la UE debe seguir demostrando liderazgo climático, crear un impulso positivo entre todas las Partes del Acuerdo para aumentar la ambición climática mundial.
En este sentido, los signatarios celebran las conclusiones del Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018, que invitaron a la Comisión a presentar una propuesta de estrategia a largo plazo de conformidad con el Acuerdo. Esta estrategia, esperada ansiosamente por nuestros socios y la sociedad civil, debe dar una dirección y previsibilidad claras tanto a la acción climática europea y como a los gobiernos locales y los agentes económicos (por ejemplo, hogares, sector privado, instituciones financieras, etc.), de manera que se permita redirigir los recursos hacia un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero y una economía resiliente al clima y para informar la investigación y la innovación.
Los signatarios celebran que la Comisión Europea presente esta propuesta antes de la COP 24, para permitir una discusión informada entre los Estados miembros, con vistas a su presentación a la CMNUCC a principios de 2020. La elaboración de esta propuesta se realizará de forma transparente, con la participación de los Estados miembros y las Partes interesadas en las principales etapas del proceso.
Esta nueva estrategia debería basarse en la última ciencia disponible, especialmente en el próximo informe especial del IPCC sobre 1,5° C. Para informar la discusión, la propuesta debe considerar varias vías para reducir las emisiones de GEI hacia la neutralidad del carbono, en cumplimiento de los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París, incluido un escenario de 1,5° C y al menos una vía hacia emisiones de GEI netas cero en la UE para 2050, seguido de emisiones negativas a partir de entonces.
La propuesta debería examinar, entre otras cosas, la coherencia del objetivo de reducción de emisiones de GEI europeo de lograr un recorte de al menos un 40 % en 2030, en comparación con 1990, con una trayectoria para las diferentes vías a largo plazo consideradas, teniendo en cuenta los principios de equidad y rentabilidad.
La estrategia también debería considerar la necesidad de una transición verde económicamente eficiente, para todos los ciudadanos y regiones europeas. La participación amplia y continua de las partes interesadas en la modelización y la transparencia total en las hipótesis, costes tecnológicos, datos de base y desarrollo de escenarios fortalecerán la calidad, credibilidad y apoyo público a la propuesta.
Además, las políticas europeas sectoriales específicas pueden permitir a la UE alcanzar mayores reducciones de las emisiones en 2030 de lo que cabría esperar, en función del Marco actual de la UE sobre el Clima y Energía. Por lo tanto, los signatarios piden a la Comisión Europea que haga un balance antes de la COP 24 del impacto de los esfuerzos que han sido provistos —o que lo serán— por estas políticas sectoriales específicas, en el objetivo de la UE de cara a 2030 sobre la cantidad total de reducciones de emisiones de GEI.
Sobre la base de los resultados de esta evaluación, la UE debería considerar anunciar en la COP 24 su disposición a actualizar sus contribuciones nacionales determinadas para 2020, teniendo en cuenta el esfuerzo adicional colectivo necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, con el fin de crear un impulso positivo entre las Partes. Esto es «algo factible, teniendo en cuenta que la UE elevó su objetivo de renovables (de un 27 a un 32%) y eficiencia energética (de un 27 a un 32,5%) para 2030 la semana pasada», recoge el comunicado de prensa divulgado desde el Ministerio para la Transición Energética.
Los países firmantes de la declaración son Alemania, Bélgica, España, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Eslovenia y Suecia.
Fuente: Mercados de Medio Ambiente
