Son numerosos los retos sociales a los que nos enfrentamos. Retos que tanto foros políticos como académicos y financieros señalan como riesgos potenciales para nuestra estabilidad social y económica. Cuestiones que anteriormente no eran tan relevantes son ahora prioritarias. El cambio climático, la pérdida y degradación de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos, la distribución de la riqueza o la polarización de la sociedad han sido identificados entre las mayores amenazas a las que deberemos hacer frente en los próximos años (Foro de Davos, 2018, IPBES, 2018).
Ante este nuevo escenario, la comunidad internacional enfrenta en la actualidad un proceso de cambio nunca antes experimentado al pasar del modelo basado en el “business as usual” a otro centrado en el “sustainable business”. Un camino sin retorno.
Entre los principales ejes tractores de la revolución económica que esta transición representa, se encuentran el sector inversor y el financiero. Su papel es crucial a la hora de satisfacer los intereses crecientes de una sociedad cada vez más demandante de modelos de crecimiento sostenibles, respetuosos con el medioambiente y que apuestan por la igualdad social.
Los nuevos riesgos identificados aumentan cada año la sensibilización y la demanda de los integrantes de la generación X y los “millennials” —cuya presencia en la esfera económico–social es cada vez más significativa— de productos y modelos de negocio basados en criterios que tienen en cuenta la sostenibilidad ambiental, el impacto social y la huella ecológica.
Este empuje de la incorporación de criterios ambientales y sociales en los procesos de producción y las decisiones de inversión está facilitando el desarrollo y la implantación de estrategias internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, modelos de finanzas sostenibles que apuestan por inversiones bajo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), o los bonos verdes, entre otros instrumentos. Considerar estos retos de la agenda global en las hojas de ruta de las empresas es crucial a la hora de tomar decisiones de inversión en una compañía determinada.
En España, esta tendencia ha quedado patente en el aumento de la demanda para incorporar factores sociales, ambientales o de buen gobierno corporativo en las decisiones de inversión. Este incremento lo podemos ver reflejado en los datos de crecimiento experimentado por la inversión socialmente responsable (ISR), la cual ya supone un tercio de la inversión institucional, o en el aumento de emisiones de bonos verdes en el primer cuarto de año 2018 por parte de compañías e instituciones españolas.
Sin embargo, este proceso de cambio acelerado hacia el “sustainable business” no está exento de riesgos. Los expertos que forman el High Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) de la Comisión Europea inciden en la necesidad de incrementar la transparencia, el reporte y la certificación de las políticas medioambientales y sociales que las compañías implementan. Estas recomendaciones se pueden ver incorporadas dentro de los criterios aprobados en la Directiva sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad de la Unión Europea.
Los informes de Responsabilidad Social Corporativa se enfrentan al reto de convertirse en herramienta de reporte de las compañías de manera que eviten estrategias de marketing engañosas y justifiquen, con datos medibles y comparables, las acciones y logros en materia de RSC de las empresas, así como su impacto real en la sociedad y la naturaleza. Las acciones que desarrollen las empresas deberán ser coherentes con su relato, pero sobre todo con la estrategia de la corporación.
El capital natural aporta información cualitativa, cuantitativa y monetaria sobre la relación del modelo de negocio empresarial de cada compañía con el medio natural, sus impactos y sus dependencias de los recursos naturales, y la generación de bienes y servicios de uso y disfrute de la sociedad a nivel corporativo, de producto o de proyecto.
Gracias al carácter integrador de los enfoques del capital natural, todos los servicios que la naturaleza o el ecosistema provee a la sociedad y las empresas (abastecimiento de agua para la industria, fijación de polución por árboles en ciudades, absorción de gases de efecto invernadero, abastecimiento de energía para fuentes renovables, …) son considerados.
Trabajar en capital natural es trabajar en el desarrollo de estrategias de comunicación o reputación, procesos de certificación o reporte, así como compliance y acceso a financiación mediante la evaluación, gracias a la recopilación y análisis de datos testados mediante indicadores de reporte que informan sobre el cumplimiento de objetivos a largo plazo como los ODS 2030 o criterios ASG.
La integración del capital natural en los procesos de toma de decisión es sinónimo de avanzar hacia el “sustainable business”. Es una apuesta por el desarrollo de finanzas sostenibles o bonos verdes basados en la mitigación de impactos y dependencias de los recursos naturales. Es abogar por el aporte de información verificada para organismos de certificación Global Reporting Integrate (GRI) o DownJones sobre cuestiones como la adaptación y mitigación al cambio climático, la evaluación de riesgos ambientales, la mejora de las memorias de RSC y los informes de información no financiera, entre muchos otros.
Fuente: ágorarsc
