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Son muchos los que se preguntan si algún día América Latina dejará de ser sacudida por los escándalos de corrupción fruto de su debilidad institucional. Algunos piensan que como Estados Unidos, América Latina podría llegar a librarse de la corrupción en un futuro. EEUU fue fundado por líderes muy preocupados por la corrupción que, según ciertas versiones, crearon una Constitución cuyo principal fin era lograr una Republica limpia de corrupción, aunque, a pesar de sus esfuerzos, el gobierno de EEUU pronto se volvió tan sobornable como cualquiera de los antiguos regímenes europeos, afirma Francis Fukuyama, influyente politólogo estadounidense, y siguió así durante más de un siglo. Las políticas para aumentar la transparencia gubernamental, como por ejemplo la Ley de Libertad de Información, no se implementaron hasta la década de 1960.
La lección que nos dejan EEUU y otras naciones es que los países necesitan tres ingredientes para combatir la corrupción:
El primer ingrediente no debiera ser un problema para los países latinoamericanos, muchos de los cuales basaron sus leyes fundamentales en la Constitución estadounidense, aunque sí implementarlo.
En cuanto al segundo, gran cantidad de personas han defendido la honradez, aunque en su mayoría han sido ignoradas o condenadas al destierro político.
El tercer ingrediente, la movilización popular contra la corrupción, ha sido el más difícil de obtener, ya que los latinoamericanos históricamente tendieron a tolerar a los políticos corruptos, aunque hoy en día un amplio espectro de la población está saliendo las calles para mostrar su desacuerdo. Además, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, los escándalos de corrupción actuales son investigados y llevados a juicio. Tribunales de países como Brasil, Chile, Colombia y Guatemala están condenando y encarcelando, a destacados políticos y empresarios.
De continuar esta presión popular y judicial, podrían darse las condiciones para que muchas otras reformas tengan éxito.
Desde su regreso a la democracia en las décadas de 1980 y 1990, muchos países latinoamericanos han estado trabajando para fortalecer la separación de poderes en sus sistemas políticos, y han introducido recientemente mejoras contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Muchos están intentando reformar sus fuerzas policiales y adoptar un enfoque más estratégico en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Estos cambios son indispensables para desarrollar la confianza en las instituciones públicas, que a su vez es fundamental para el progreso económico. La falta de confianza en las instituciones no solo desalienta las inversiones a largo plazo, sino que lleva a que propietarios de pequeñas empresas trabajen en la economía informal, evitando así leyes e impuestos que creen que les serán aplicados injustamente.
En general, los funcionarios electos latinoamericanos están recibiendo el mensaje y sumándose a iniciativas para la buena gobernanza, como la multilateral Open Government Partnership (Asociación para el Gobierno Abierto). Es hora de que el sector privado, que con demasiada frecuencia ha tolerado la corrupción, también se oponga a ella. Si los líderes políticos y empresariales de la región suman sus voces a la protesta contra la corrupción, Latinoamérica puede lograr una ruptura definitiva con su pasado y garantizar que todos los ciudadanos puedan confiar en la implementación justa del imperio de la ley y alcanzar su máximo potencial.
Fuente: World Economic Forum
