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Así, el informe 'Bienes robados: la complicidad de la UE en la deforestación de la selva tropical' revela también que cada dos minutos se taló ilegalmente el equivalente a un campo de fútbol en el mundo entre 2010 y 2012 para satisfacer las necesidades agroganaderas de la Unión Europea, como la ternera, el aceite de palma, la soja, entre otras.
La UE importó para su consumo un total de 6.000 millones de euros en bienes vinculados a la deforestación ilegal en un solo año, según denuncia un informe de la ONG FERN que segura que los mercados para bienes ilegales aún permanecen abiertos y que los incentivos a estos comportamientos criminales siguen siendo elevados. Así, el informe 'Bienes robados: la complicidad de la UE en la deforestación de la selva tropical' revela también que cada dos minutos se taló ilegalmente el equivalente a un campo de fútbol en el mundo entre 2010 y 2012 para satisfacer las necesidades agroganaderas de la Unión Europea, como la ternera, el aceite de palma, la soja, entre otras. Ante esta situación, la ONG ha publicado una serie de informes que proponen dar pasos completos en la UE que pueden acabar con esta situación. Estos informes se dan a conocer coincidiendo con la celebración de una conferencia en el Parlamento Europeo sobre el desarrollo de un plan de acción en la UE para la deforestación y los derechos.
La coordinadora de campañas de FERN, Saskia Ozinga, ha señalado que la deforestación tropical amenaza el cambio climático y la subsistencia de muchas de las poblaciones más pobres. Por eso, ha añadido que, en su opinión, "cuando la gente se sienta a comer o compra cada día los productos de alimentación en las tiendas, tienen el derecho a conocer si lo que están consumiendo está infectado por la destrucción ambiental o los abusos de los derechos humanos".
Además de lanzar sus informes, la FERN propone a la UE cambios como privar a los proyectos dañinos de fondos, porque de acuerdo con el análisis de la organización, 20 instituciones financieras con base en la UE han recibido apoyo de unos 16.000 millones de inversiones de empresas de agricultura incluidas algunas que están en los principales centros de la deforestación, como Indonesia, Brasil y Malasia. Para evitar que las instituciones financieras con base en la UE financien y faciliten proyectos del sector de la agricultura que destrozan los bosques y violan los derechos de las personas, se deben endurecer y estrechar las normas financieras en la UE con nuevas regulaciones específicas para evitar la inversión en la agricultura comercial destructiva. Asimismo, proponen abrir las cadenas de suministro al escrutinio.
En este sentido, señala que en los últimos dos años, empresas como Nestlé, Cargill y Unilever han hecho público su compromiso de que sus productos no contendrán ingredientes resultantes de la deforestación para la agricultura. "Estos son buenas noticias. Pero no podemos dejar que estas compañías hagan el trabajo solas. Las regulaciones de la UE deberían requerir tales auditorías y hacer una ofensiva criminal para facilitar la inversión en proyectos que conducen la pérdida de bosques o tierras y la violación de los derechos humanos. Igualmente, reclama una política "coherente" y denuncia que el ejemplo más extremo de la incoherencia de las políticas de la UE en este sentido es la bioenergía. El consumo de biomasa de la UE, frecuentemente como madera para la generación eléctrica y los biocombustibles para el transporte han incrementado el resultado de las leyes de energías renovables diseñadas para afrontar el cambio climático. Estas mismas políticas están, sin embargo, provocando una mayor deforestación y provocando un impacto directo en el clima, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. La UE debería revisar presunción inapropidada de que la biomasa es neutral y considerar las implicaciones que tiene la quema de la biomasa.
Otra de las propuestas es ofrecer a los consumidores más información, porque los europeos están entre los consumidores que más productos de comercio justo y orgánico producen en el mundo, pero su integridad está condicionada por una falta de información. Como ejemplos, la mayoría de los productos procesados no muestran el origen de sus ingredientes; la carne no tiene que indicar la procedencia de la alimentación dispensada al animal. Por eso, FERN estima que los consumidores necesitan una información más detallada sobre el impacto ambiental de los bienes que compran. En concreto, plantea que el etiquetado de los productos ofrezca información fácil de entender y señala que un modelo podría el sistema de los semáforos de tráfico, que se pondría para alertar a los consumidores de los productos altos en azúcar, grasas o sal. Al mismo tiempo, apunta que estas propuestas podrían incluirse en un Plan de acción de la UE para proteger los bosques y respetar los derechos de las personas, que comenzar con asegurar que los bienes que entran al mercado comunitario son producidos de forma legal. Uno de los conferenciantes en la cita de este lunes en el Parlamento Europeo Yannick Jadot ha manifestado que cree que la acción para frenar la deforestación es necesaria a nivel europeo. "La dura realidad es que estamos importando 6.000 millones de euros en productos que se cultivan o crecen en tierras deforestadas ilegalmente. El informe de FERN muestra que necesitamos importar únicamente productos legales y sostenibles", ha destacado. Finalmente, ha insistido en que como el comercio es un mandato en la UE, estas acciones únicamente pueden ser tomadas en la UE. "La comisión Europea necesita hacer una propuesta para un plan de acción de forma prioritaria", concluye el conferenciante.
Fuente: ecoticias.com
