Una auditoría independiente detectó trabajo infantil y pagos ilegales en fincas de la cadena de suministro de Nespresso en Costa Rica. Analizamos qué falló y qué deben aprender las empresas sobre control de proveedores.
En noviembre de 2022, un equipo de la Fair Labor Association (FLA) recorría fincas cafetaleras en las zonas de San Diego y La Giorgia, en Costa Rica. Parte del trabajo estándar de una auditoría de cadena de suministro: visitas de campo, entrevistas con trabajadores, revisión de registros. Lo que no esperaban encontrar era a un niño de nueve años recogiendo café junto a su madre, con unas seis horas de trabajo acumuladas el día anterior.
El productor no lo veía como un problema. El niño estaba con su madre. Para él, eso lo hacía aceptable.
Este hallazgo, junto con otros documentados entre 2022 y 2024 en un total de 50 fincas visitadas y 87 trabajadores entrevistados, quedó recogido en un informe de FLA publicado en septiembre de 2026. El informe se refiere a establecimientos concretos dentro de la cadena de suministro de Nespresso en Costa Rica, y sus conclusiones no pueden generalizarse a toda la caficultura del país. Pero lo que sí generalizan, y de forma muy clara, son las debilidades que persisten en los modelos de auditoría de proveedores de muchas multinacionales.
Además del caso de trabajo infantil, los auditores de 2022 identificaron pagos diarios de entre ₡8.000 y ₡10.000 en determinadas tareas, frente a un salario mínimo legal de referencia de ₡11.009,97. En cuatro fincas se confirmaron irregularidades salariales. En las revisiones de 2024, aunque no se repitió el mismo patrón de pagos por debajo del mínimo, sí se detectaron deficiencias en los registros de jornadas, en los procesos de contratación y en el acceso efectivo de los trabajadores a los beneficios de seguridad social.
Nespresso lleva desde 2003 desarrollando su programa AAA Sustainable Quality, orientado precisamente a mejorar las condiciones de producción y la sostenibilidad en origen. Tiene compromisos públicos. Ha obtenido certificaciones. Y aun así, una auditoría independiente encontró trabajo infantil y salarios ilegales en fincas de su cadena de suministro.
Esto no es un problema exclusivo de Nespresso. Es un problema sistémico que afecta a cualquier empresa cuya cadena de suministro se extiende a contextos productivos complejos, con múltiples actores intermedios, alta dispersión geográfica y difícil trazabilidad. El café, el cacao, los textiles, los minerales, la agricultura de temporada: los sectores donde esto ocurre son muchos y muy distintos entre sí. Lo que los une es que en todos ellos el cumplimiento de los estándares laborales depende no solo de las políticas de la empresa compradora, sino de la capacidad económica real de los productores en el eslabón más bajo de la cadena.
Aquí está la tensión más difícil de resolver: se exige a los agricultores que cumplan estándares laborales, pero su capacidad para pagarlos depende directamente de lo que reciben por sus cosechas. Cuando los precios de compra no son suficientes, o cuando las primas de sostenibilidad no llegan a compensar los costes reales de la formalización laboral, el cumplimiento se convierte en papel mojado.
En el propio informe, varios agricultores reconocieron haber necesitado recurrir a préstamos para poder pagar los salarios de la temporada de cosecha. Eso no es un problema de mala voluntad: es un problema estructural de márgenes.
Cuando el pago por cajuela no garantiza el salario mínimo
Uno de los hallazgos técnicamente más relevantes del informe tiene que ver con el sistema de remuneración por unidad cosechada, la llamada cajuela. Este modelo es habitual en la agricultura de temporada: el trabajador cobra según lo que recoge, no por jornada. El problema es que cuando la productividad cae, por la edad del trabajador, por el estado de la planta o por las condiciones del día, el ingreso diario puede quedar por debajo del mínimo legal aunque el número de horas trabajadas sea el mismo.
Ningún sistema de remuneración variable libera al empleador de garantizar el salario mínimo. En España, por ejemplo, la normativa laboral es explícita al respecto. En Costa Rica también. Pero detectarlo requiere cruzar datos de producción, horas y pagos reales, algo que no siempre está documentado con el rigor necesario. Y si el proveedor no tiene ese registro, el auditor no puede verificar nada.
Esto conecta directamente con un principio básico de cualquier sistema de gestión seria: lo que no se mide, no se puede controlar. Y lo que no se documenta, no existe a efectos de auditoría.
El caso de Nespresso en Costa Rica no ocurre en un vacío normativo. El contexto regulatorio en materia de debida diligencia en derechos humanos y sostenibilidad se ha endurecido considerablemente en los últimos años, y seguirá haciéndolo.
La Directiva Europea de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CS3D), que obliga a las grandes empresas europeas a identificar, prevenir y remediar impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda su cadena de valor, es el ejemplo más claro. Su implementación progresiva a partir de 2026 afecta directamente a empresas del tamaño de Nestlé, matriz de Nespresso, y establece obligaciones concretas que van mucho más allá de tener un código de conducta para proveedores.
La norma ISO 26000 sobre responsabilidad social, la ISO 20400 de compras sostenibles, los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, y los Convenios de la OIT sobre trabajo infantil (especialmente el Convenio 138 sobre edad mínima y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil) forman el marco normativo de referencia que cualquier empresa con cadena de suministro global debe conocer y aplicar de forma operativa, no solo declarativa.
La diferencia entre cumplirlos de verdad y simplemente citarlos en una memoria de sostenibilidad se llama verificación independiente. Y eso requiere auditoría real, con presencia física, entrevistas confidenciales con trabajadores y revisión documental sin filtros del proveedor.
Cuando una auditoría independiente como la de FLA detecta lo que los controles internos de la empresa no habían encontrado, el mensaje es claro: el sistema de verificación propio no era suficiente. Y las consecuencias de eso no son solo reputacionales.
El riesgo legal es creciente. Con la CS3D en marcha y la incorporación de obligaciones similares en legislaciones nacionales de varios países europeos, las empresas que no puedan demostrar que han ejercido una debida diligencia efectiva en su cadena de suministro se exponen a sanciones administrativas, responsabilidad civil e incluso exclusión de contratos públicos.
El riesgo comercial tampoco es menor. Los compradores institucionales, los fondos de inversión con criterios ESG y los distribuidores con políticas de sostenibilidad propias empiezan a exigir evidencias verificables, no declaraciones. Una auditoría de parte no es suficiente. Un informe de una entidad acreditada con hallazgos desfavorables tampoco es inocuo, aunque vaya acompañado de planes correctivos.
Y luego está el riesgo operativo: cuando se detectan irregularidades graves y las medidas correctivas tienen plazos de hasta cinco años desde los hechos, como ocurre en este caso con compromisos hasta 2027 sobre incidentes de 2022, el sistema de gestión tiene un problema de velocidad de respuesta que ningún plan de acción tapa por sí solo.
La pregunta que debería hacerse cualquier director de compras, responsable de RSC o director general de una empresa con proveedores externos no es si tiene un código de conducta para proveedores. Eso lo tiene casi todo el mundo. La pregunta real es: ¿cómo sé yo que lo que dice ese código se cumple en el campo, en la fábrica, en el almacén de mi proveedor de tercer nivel?
Si la respuesta no es concreta, verificable y periódicamente actualizada, hay un hueco en el sistema.
La auditoría de cadena de suministro rigurosa, basada en metodologías contrastadas, presencia física y criterios normativos actualizados, es una de las herramientas más efectivas para cerrar esa brecha entre lo que las empresas dicen que hacen y lo que realmente ocurre en sus cadenas de valor. En INTEDYA acompañamos a empresas de todos los sectores en el diseño, implementación y auditoría de sistemas de gestión de proveedores que van más allá del cumplimiento formal: auditamos realidades, no documentos.
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