El World Development Report 2025 del Banco Mundial sitúa la acreditación y la infraestructura de la calidad como factores determinantes del comercio y la competitividad. Claves y análisis para empresas.
Durante décadas, el debate sobre el acceso a mercados internacionales giró en torno a aranceles, cuotas y acuerdos comerciales. Ese tiempo ha quedado atrás. Las barreras que hoy frenan a una empresa cuando quiere vender fuera de sus fronteras son, en su mayoría, de naturaleza técnica: requisitos de seguridad, estándares medioambientales, condiciones de etiquetado, protocolos de ensayo. Y detrás de todo eso hay una pregunta que los mercados se hacen constantemente: ¿cómo sé que esto es lo que dice ser?
La respuesta a esa pregunta es lo que el Banco Mundial, en su informe de desarrollo mundial correspondiente a 2025, llama infraestructura de la calidad. Un concepto técnico que agrupa normas, organismos de certificación, laboratorios de ensayo, servicios de inspección y, en el centro del sistema, los mecanismos de acreditación. El informe dedica un análisis extenso a demostrar que estos elementos no son burocracia auxiliar. Son la columna vertebral sobre la que funciona la confianza en los mercados.
Los datos que respaldan esa afirmación son contundentes. Actividades de evaluación de la conformidad —ensayos, inspecciones, certificaciones, verificaciones— condicionan actualmente cerca del 90% del comercio mundial. No es una estadística académica. Es la medida de cuánto depende la economía global de que alguien, en algún punto de la cadena, haya verificado que un producto o servicio cumple lo que se le exige.
La mayoría de los compradores, ya sean empresas o consumidores finales, asumen sin cuestionarlo que los certificados tienen valor, que los informes de ensayo son fiables y que las inspecciones se han hecho con rigor. Esa asunción descansa sobre un mecanismo que opera en segundo plano: la acreditación.
Acreditar un organismo de evaluación de la conformidad significa verificar formalmente que ese organismo posee la competencia técnica, la imparcialidad y los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. Sin esa verificación, los certificados que emite son papel. Con ella, un laboratorio de Budapest, una entidad certificadora de Ciudad de México o una empresa de inspección en Vietnam pueden operar con reconocimiento internacional.
El informe del Banco Mundial es explícito en este punto: la acreditación aporta la confianza estructural que permite a reguladores, empresas y consumidores fiarse de los resultados de evaluación. Y cuando esa confianza funciona, el sistema gana eficiencia. Los compradores no necesitan verificar cada lote, cada producto, cada proveedor de forma independiente. Los procesos comerciales se simplifican. Los costes de transacción bajan.
Cuando esa confianza falla, el efecto es el contrario: duplicidad de controles, rechazo de resultados en frontera, pérdida de contratos, exclusión de cadenas de suministro internacionales. No es una situación hipotética. Es algo que viven cada año empresas que operan sin el respaldo de sistemas de evaluación acreditados.
Reconocimiento mutuo y acceso a cadenas de valor globales
Uno de los elementos más prácticos que recoge el informe es el impacto de los acuerdos de reconocimiento mutuo. Cuando los sistemas de acreditación de dos o más países o regiones están reconocidos internacionalmente y participan en estos acuerdos, los resultados de evaluación de la conformidad obtenidos en un territorio son válidos en los demás. Esto elimina la necesidad de repetir ensayos o certificaciones para cada mercado de destino.
Para una empresa grande con recursos propios, esta duplicidad es un coste asumible, aunque ineficiente. Para una pyme que quiere internacionalizarse, puede ser directamente el factor que lo impide. El informe señala expresamente que la reducción de barreras técnicas mediante el reconocimiento mutuo de resultados acreditados facilita la participación en los mercados internacionales precisamente para las empresas más pequeñas.
Los países con sistemas de acreditación consolidados e integrados en redes internacionales de reconocimiento —como el que opera en el marco de la Unión Europea, donde la acreditación está reconocida como función de autoridad pública que sostiene el mercado único— presentan patrones de comercio más diversificados y mayor integración en cadenas de valor globales. La correlación no es casual.
El análisis del Banco Mundial no se limita al ámbito empresarial. Dedica una parte relevante a examinar cómo la acreditación y la evaluación de la conformidad afectan a la eficacia regulatoria.
El argumento es directo: cuando una autoridad reguladora basa sus decisiones en resultados emitidos por organismos acreditados, puede concentrar sus recursos en las áreas de mayor riesgo, en lugar de tener que verificar de forma exhaustiva todo lo que entra en su ámbito de control. Esto no es solo una cuestión de eficiencia. Es una cuestión de protección efectiva: más recursos donde el riesgo es real, menos fricción donde ya hay garantías verificadas.
El informe advierte también del caso contrario: administraciones que establecen requisitos de evaluación desalineados con las buenas prácticas internacionales, o que gestionan laboratorios propios sin acreditación, incurren en un uso ineficiente del gasto público y, paradójicamente, reducen la credibilidad de sus propios controles ante terceros.
La coherencia entre las distintas autoridades —que sus enfoques de evaluación sean compatibles y estén armonizados— es otro factor que el informe identifica como determinante para la eficacia del marco regulatorio en su conjunto.
Todo esto tiene consecuencias concretas para cualquier organización que quiera operar con garantías, ya sea en su mercado nacional o más allá de sus fronteras.
La primera es la más obvia: trabajar con organismos de certificación, ensayo e inspección que estén acreditados no es un requisito formal más. Es la diferencia entre tener resultados que el mercado acepta y tener resultados que hay que justificar, repetir o, en el peor de los casos, que no son reconocidos en el país de destino.
La segunda tiene que ver con la estrategia de internacionalización. Una empresa que construye su sistema de gestión de la calidad sobre estándares internacionales reconocidos —ISO 9001, ISO 17025, ISO 17020, ISO 17021, según el caso— y trabaja con organismos acreditados en redes de reconocimiento mutuo está, literalmente, eliminando barreras técnicas antes de que aparezcan.
La tercera afecta a la gestión del riesgo. Confiar en evaluaciones realizadas por organismos sin acreditación o con acreditaciones de alcance limitado introduce una incertidumbre que en algún momento tiene coste. Puede ser un rechazo en aduana, una reclamación de cliente, una auditoría regulatoria o simplemente la pérdida de un contrato frente a un competidor que sí puede acreditar sus controles.
Y la cuarta, quizá la menos visible pero igualmente importante: la reputación. En un entorno donde la sostenibilidad, la trazabilidad y la transparencia son exigencias crecientes de clientes, inversores y reguladores, contar con evaluaciones verificadas y reconocidas internacionalmente es cada vez más un activo diferencial.
La infraestructura de la calidad no es, como señala el informe, algo que se vea. Pero cuando falta, se nota de inmediato. Construirla bien —tanto a nivel de país como a nivel de empresa— es una decisión estratégica, no un trámite administrativo.
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