.jpg)
Con la promulgación del nuevo Código Penal (Ley 74-25), República Dominicana inicia una transformación profunda en su sistema de justicia penal, alineándose con las tendencias internacionales más modernas. Una de las novedades más relevantes es la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, la posibilidad de sancionar penalmente a empresas, fundaciones, entidades religiosas, sindicatos y otras organizaciones por delitos cometidos en su beneficio o por su falta de control.
La norma, firmada el pasado 3 de agosto por el presidente Luis Abinader, entrará en vigor en agosto de 2026, otorgando un año para su socialización, implementación y adecuación por parte de instituciones públicas y privadas.
Responsabilidad penal empresarial: una nueva era
Hasta ahora, solo las personas físicas podían ser penalmente responsables en República Dominicana. Sin embargo, con la entrada en vigor de este nuevo cuerpo normativo, las organizaciones también podrán ser procesadas y sancionadas si se demuestra que:
Las sanciones previstas pueden incluir multas, clausura temporal o definitiva, disolución, inhabilitación para contratar con el Estado y otras medidas restrictivas.
Compliance como herramienta de defensa
Una de las innovaciones más esperadas es la introducción del "compliance" como causa de atenuación o exención parcial de la responsabilidad penal. Es decir, si la organización demuestra que contaba con un programa de cumplimiento eficaz, implantado antes de la comisión del delito, podrá beneficiarse de:
Esto implica que contar con un modelo de prevención de delitos (manuales, códigos éticos, canales de denuncia, formación interna, auditorías, controles, etc.) deja de ser solo una “buena práctica” para convertirse en un requisito estratégico y jurídico para proteger a las organizaciones frente a riesgos penales.
Otras novedades del Código Penal
El nuevo texto penal también incluye:
Alineamiento con estándares internacionales
Con esta reforma, República Dominicana se suma a países como España, Chile, Colombia, Italia o México, que ya han incorporado la responsabilidad penal corporativa como parte de su marco legal. Además, se fortalece el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y derechos humanos.
¿Qué deben hacer ahora las organizaciones?
El año previo a la entrada en vigor será clave para que empresas e instituciones:
Una oportunidad para liderar con integridad
Este cambio normativo no solo supone un reto jurídico, sino una oportunidad estratégica para fortalecer la cultura ética y la gobernanza empresarial en el país. Las organizaciones que actúen con anticipación y responsabilidad no solo evitarán sanciones, sino que fortalecerán su reputación, confianza del mercado y acceso a contratos públicos e internacionales.
El reloj ya está corriendo. Las empresas dominicanas están a un año de una nueva realidad penal en la que el cumplimiento no es opcional, sino esencial.
Ivan Martínez López
CEO Intedya Internacional
