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Noticias  /  Decreto 1122 de 2024: nuevas medidas de Compliance en Colombia

Decreto 1122 de 2024: nuevas medidas de Compliance en Colombia

Colombia implementa nuevas medidas de Compliance para reforzar la transparencia y la ética pública

18/09/2024

Colombia implementa nuevas medidas de Compliance para reforzar la transparencia y la ética pública

En el ámbito empresarial y gubernamental, el cumplimiento normativo y la transparencia son pilares fundamentales para garantizar una gestión eficiente y libre de corrupción. Con la reciente promulgación del Decreto 1122 de 2024 en Colombia, se han establecido nuevas directrices para reforzar los Programas de Transparencia y Ética Pública en todas las entidades del país. Este artículo explora cómo estas normativas impactan los servicios de compliance y auditoría, y cómo las empresas pueden beneficiarse de un enfoque robusto en estos aspectos.

 

¿Qué es el Decreto 1122 de 2024 y por qué es relevante para las empresas?

El Decreto 1122 de 2024 es una normativa que reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, enfocándose en los Programas de Transparencia y Ética Pública. Esta normativa obliga a todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal en Colombia a implementar programas específicos que promuevan la cultura de la legalidad, identifiquen y gestionen riesgos de corrupción, y fomenten la transparencia en la administración pública.

Para las empresas, esta normativa presenta una oportunidad significativa para revisar y fortalecer sus prácticas de compliance y auditoría interna. La implementación de estos programas no solo cumple con las obligaciones legales, sino que también mejora la reputación corporativa y fomenta la confianza de los stakeholders, incluidos clientes, inversores y empleados.

 

El Rol del Compliance en el Decreto 1122 de 2024

El compliance es el proceso por el cual las empresas aseguran que sus operaciones y prácticas cumplan con las leyes, regulaciones, estándares y políticas internas aplicables. Con el nuevo decreto, las entidades deben asegurarse de que sus programas de compliance estén alineados con los estándares de transparencia y ética pública establecidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Esto implica una revisión exhaustiva de los sistemas de gestión de riesgos y la implementación de controles efectivos que mitiguen posibles actos de corrupción. Además, las empresas deberán integrar estos programas de compliance con otros sistemas de gestión y políticas institucionales existentes, como los modelos de gestión de calidad y los sistemas integrados de planeación.

 

La Auditoría como Herramienta de Transparencia y Control

La auditoría juega un papel fundamental en la implementación de los Programas de Transparencia y Ética Pública. A través de auditorías internas y externas, las entidades pueden evaluar la efectividad de sus controles de compliance, identificar brechas en el cumplimiento y recomendar mejoras necesarias. El Decreto 1122 de 2024 requiere que las entidades desarrollen un plan de ejecución y seguimiento de sus programas de transparencia, lo cual incluye la realización de auditorías periódicas.

 

Beneficios de una Gestión Integral de Compliance y Auditoría

Implementar un enfoque integral de compliance y auditoría no solo asegura el cumplimiento de las normativas vigentes, sino que también proporciona varios beneficios clave para las empresas:

  • Mitigación de riesgos legales y reputacionales: Un programa robusto de compliance puede ayudar a prevenir multas costosas y daños a la reputación.
  • Mejora de la eficiencia operativa: A través de auditorías regulares, las empresas pueden identificar áreas de mejora en sus procesos internos.
  • Aumento de la confianza de los inversores: Los stakeholders, especialmente los inversores, valoran las empresas con fuertes prácticas de compliance y auditoría, ya que indican una gestión responsable y transparente.

El fortalecimiento de los Programas de Transparencia y Ética Pública en Colombia es una clara señal del compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad en la administración pública. Para las empresas, es una oportunidad de oro para fortalecer sus prácticas de compliance y auditoría, mejorar su reputación y asegurar una operación transparente y legal.

 

Fuente: ubtcompliance.com

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