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Noticias  /  Aprobado el proyecto de ley para proteger a quienes informen sobre casos de corrupción o fraudes

Aprobado el proyecto de ley para proteger a quienes informen sobre casos de corrupción o fraudes

Este martes 13 de septiembre el Consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que protegerá a todas aquellas personas que informen sobre corrupción.

21/09/2022

Este martes 13 de septiembre el Consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que protegerá a todas aquellas personas que informen sobre corrupción.

Este anteproyecto tiene por objeto trasponer la Directiva europea 1907/2019, cuya aprobación era muy esperada desde hace meses ya que el plazo concedido por la UE para su trasposición a España y el resto de países afectados venció el pasado mes de diciembre.

La Ministra de justicia, Pilar Llop (PSOE), ha comparecido ante los medios para explicar que esto supone otro avance hacia lo que será la futura ley que servirá para proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.

El proyecto establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresa, con más de 50 trabajadores, como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. También estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos. 

En el sector públicodeberán contar con un sistema interno de información las Administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales, entre otros. Los municipios cuya población no supere los 10.000 podrán compartir medios para la recepción de informaciones con otros ayuntamientos, también de menor población, o con entidades supramunicipales si sus actividades se circunscriben al ámbito de la misma Comunidad Autónoma, aunque cada corporación local tenga un responsable de su sistema interno de información.

Por otro lado, la futura ley también contempla sanciones para quienes denuncien públicamente supuestos casos de corrupción «a sabiendas de su falsedad», que pueden llegar a 300.000 euros para las personas físicas y a un millón de euros para empresas o partidos políticos.

La ministra Llop ha declarado que esta normativa va a servir para mejorar la percepción que se tiene de España en losrankings que elaboran organizaciones internacionales (GAFI, GRECO) o Transparencia Internacional y va a ayudar a concienciar y aumentar las informaciones por corrupción al crear un “clima de confianza entre el informante y la Administración”.

 

Natalia González

Área de riesgos y cumplimiento

Intedya Internacional 

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