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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU da un paso decisivo frente a vulneraciones de derechos humanos de las grandes empresas transnacionales Sobre el papel puede parecer una votación pequeña y burocrática, pero se trata de un paso decisivo, el resultado de una larga lucha de organizaciones sociales de todo el mundo, la victoria moral de una demanda de justicia.
La batalla tuvo lugar en Ginebra, con el consejo de Derechos Humanos de la ONU como escenario. Se resolvió con un resultado reñido, 20 países a favor, 14 países en contra y 13 abstenciones.
La resolución salió adelante y ahora un grupo de trabajo intergubernamental tendrá que ponerse a trabajar para elaborar un instrumento internacional obligatorio que cree las condiciones legales para que las grandes empresas y otros inversores cumplan con los derechos humanos y con el medio ambiente.
La clave está en la palabra “obligatorio”. Hasta ahora, la ONU contaba con normativas no vinculantes para las prácticas de las corporaciones transnacionales en terceros países. Y eso en la práctica se traducía en impunidad y falta de instrumentos para llevar a esas empresas ante los tribunales.
Sobran los ejemplos. En Ginebra hemos podido conocer más a fondo doce de esos casos durante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la compañía israelí Mekorot en Palestina; Hidralia en Guatemala; la empresa minera Glencore Xstrata en siete países; Coca Cola en Colombia. Esas y otras transnacionales acumulan denuncias por violaciones de derechos humanos y delitos medio ambientales, como nos contaron directamente algunas de las personas afectadas durante las sesiones judiciales simbólicas.
Mientras las víctimas hablaban, en el Consejo de Derechos Humanos se discutía una resolución impulsada por Ecuador y Sudáfrica y enfrentada a grandes gigantes. Los representantes de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, donde buena parte de las transnacionales tienen su sede social, hicieron lo posible por bloquear el camino a instrumentos de obligado cumplimiento.
En el caso de la UE se abogó por un “consenso”, que no era más que una forma de ganar tiempo. La realidad es que los gobiernos europeos se colocan del lado de las grandes empresas, como dejó bien claro el titular español de Asuntos Exteriores, José García-Margallo. “Las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas condiciones para instalarse”, dijo el ministro esta misma semana desde Madrid.
Pero la composición del consejo, que es un órgano rotatorio, favoreció esta vez a los países del “Sur”, que reconocieron el papel desempeñado por la sociedad civil en esta victoria.
El grupo intergubernamental de trabajo deberá comenzar a funcionar antes de 2015 y para ello las organizaciones civiles seguiremos muy pendientes, ofreciendo la máxima colaboración a la ONU. Continuaremos movilizándonos contra la impunidad.
Fuente; elpais.com
