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COVID-19 ha traído tiempos sin precedentes para empresas de todo el mundo. En vista de los desafíos cada vez mayores, las organizaciones se ven obligadas a tomar decisiones extraordinarias y de emergencia para garantizar la continuidad del negocio en diferentes ubicaciones y marcos legales. Y tener que tomar estas decisiones mientras se salvaguarda el bienestar de los empleados.
En este escenario, los oficiales de cumplimiento deben mantenerse alertas y reforzar ciertas medidas para mitigar los riesgos legales y de reputación después de la crisis. Esto es especialmente cierto en relación con las interacciones con los funcionarios públicos.
El gobierno brasileño ha tomado iniciativas agresivas en relación con la contratación pública para facilitar cualquier compra necesaria para combatir COVID-19 (en base a la Ley COVID-19 y disposiciones relacionadas) ¹. Estas medidas incluyen, entre otras, (i) la posibilidad de contratar con empresas excluidas; (ii) la asunción del estado de emergencia y la necesidad de las cantidades compradas; y (iii) dispensabilidad de estudios técnicos para compras en tierra y, excepcionalmente, de cotizaciones de precios.
Paralelamente, los gobiernos federales, estatales y municipales están pidiendo al sector privado donaciones de activos y servicios para ayudar a combatir COVID-19.
La interacción con los funcionarios públicos en circunstancias de riesgo, como la contratación de emergencia y las donaciones, abre la puerta a un mayor escrutinio por parte de las agencias de control durante y después de la crisis. También abre la puerta a mayores riesgos de corrupción y fraude en licitaciones públicas y contratos gubernamentales.
La Ley de Empresas Limpias de Brasil (Ley 12.846 / 2013) establece sanciones severas para las empresas involucradas en corrupción y fraude en licitaciones públicas y contratos gubernamentales bajo un régimen de responsabilidad estricta.
Aquí hay cinco medidas que las empresas pueden tomar para mitigar los riesgos de hacer negocios en estas circunstancias extraordinarias:
Monitorear si las reglas de gobierno corporativo se cumplen debidamente. Las excepciones a las reglas existentes deben ser hechas por organismos corporativos habilitados y tener la justificación correspondiente debidamente registrada.
Fuente:compliancedethics.org
