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El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha publicado este martes su informe anual sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones para la lucha contra la corrupción y ha reconocido a España los esfuerzos realizados al respecto, por lo que ha acordado sacarle de la lista de países que aplicaban las exigencias de forma insatisfactoria. En la reunión plenaria del GRECO, que se celebró entre el 17 al 21 de junio de 2019, se aprobó el informe de evaluación de la quinta ronda, en la que se han analizado las medidas destinadas a prevenir la corrupción en los gobiernos centrales y la aplicación de la ley.
El grupo anticorrupción del Consejo de Estado ha advertido que las percepciones públicas de los bajos niveles de corrupción en ciertos países pueden llevar a subestimar la necesidad de medidas para combatir las prácticas corruptas, según ha informado el organismo. También ha expresado su preocupación por el lento progreso general en la implementación de sus recomendaciones, por lo que ha instado a los Estados a abordarlas lo antes posible.
No obstante, España ha recibido una valoración positiva y el grupo ha concluido que, debido a los avances logrados en la implementación de las recomendaciones, ya no es necesario mantenerle en el grupo de Estados con un grado de cumplimiento globalmente insatisfactorio, según ha informado el Consejo de Europa. El examen a España no se hará público hasta que las autoridades españolas no autoricen su publicación.
Este grupo lleva desde 2005 haciendo rondas de evaluación a 49 Estados para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. El último examen, con fecha de diciembre de 2018, que hacía referencia a los parlamentarios, jueces y fiscales, situó a España entre los 14 países sujetos al procedimiento de incumplimiento.
Aún así, se reconoció la aplicación de algunas de las recomendaciones como la idea de dotar de mayor autonomía y garantizar la independencia del Ministerio Público o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para modificar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que finalmente se aprobó en diciembre del año pasado.
A esto hay que sumar que desde hace unos meses el Congreso ha puesto en marcha la redacción de un Código Ético aplicable a los diputados para cumplir unas de las exigencias en materia de transparencia por el grupo adscrito al Consejo de Estado.
Fuente: World Compliance Association
