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Lux Leaks, los papeles de Panamá, el Dieselgate, la lista Falciani, Cambridge Analytica… son escándalos muy distintos, pero con un denominador común: un informador tiró de la manta. Siete de cada diez casos de corrupción los destapan particulares, según datos de la plataforma activista XNet.
Los denunciantes siempre han arriesgado. Antes de perseguir las noticias falsas, algunos Gobiernos y empresas ya intentaban silenciar las ciertas. El mundo anglosajón tiene leyes que los protegen desde hace tres siglos, aunque pueden terminar en la cárcel, arruinados, amenazados y aislados por la Ley de Espionaje. Hasta la semana pasada, la Unión Europea ni siquiera tenía un marco legislativo común al respecto. Solo en 10 de los 28 Estados gozan de cierto refugio legal. Ahora la Comisión acaba de aprobar una directiva para ampliar su protección en todos los Estados. Todas las empresas con más de 50 empleados o 10 millones de euros de ingresos, y las instituciones públicas de lugares con más de 10.000 habitantes, tendrán la obligación de establecer canales confidenciales para denunciar abusos en la protección de datos, servicios financieros, transporte o salud pública, entre otros.
Esta nueva legislación europea estuvo a punto de ser un cepo para los alertadores. Francia y Alemania, presionadas por sus patronales, querían obligarles a acudir primero a sus empresas, y que solo cumplido un plazo pudieran acudir a la policía, los medios u otras instancias. El lobby corporativo en Bruselas insistía en que las compañías ya tienen canales internos de denuncia y que una filtración sensible puede hacerles perder miles de millones. Aunque eso es cierto, el control y las auditorías han mejorado, no son infalibles ni bastan para garantizar el interés general o el de los accionistas. Basta con repasar la hemeroteca: pocos sectores o Gobiernos se salvan.
En Alemania y en Estados Unidos el Gobierno puede incluso pagar a los alertadores. Otros países, como Francia, teóricamente prohíben la recompensa, salvo para los chivatazos de fraude fiscal. La UE no ha querido entrar en regular el intercambio de dinero por información. "Es una lógica que nos preocupa porque puede generar un panorama muy tóxico", cuentan varios europarlamentarios que llevan años trabajando por esta ley. Se avanza lentamente. Empresas e instituciones empiezan a colocar buzones de denuncia. El problema es que pocos son seguros. Se necesitan herramientas tecnológicas que garanticen de verdad el anonimato. De lo contrario, los periodistas, intermediarios y denunciantes no estarán cubiertos del todo.
En los próximos dos años nos jugamos que esa protección se amplíe o se restrinja. Son los dos años que le da Bruselas a los Estados miembros para adaptar la legislación. Sobre una base común pueden mejorar o diluir la protección de los alertadores. Y, con ello, la calidad de la democracia.
Fuente: elpais.com
