Tres años después del inicio de las discusiones en la ONU, acaba de lanzarse en Ginebra un primer borrador de un tratado internacional para enmarcar el trabajo de las multinacionales en materia de derechos humanos.
Si finalmente fuese aprobado, sería el primer tratado vinculante en la materia. Hoy en día, los textos de referencia de las Naciones Unidas, la OCDE y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sólo dan directrices para orientar las acciones de los estados y las corporaciones multinacionales.
El texto está claramente “orientado a las víctimas”, dice la misión permanente de Ecuador ante la ONU, que lidera el grupo de trabajo. Se debe garantizar tanto el acceso efectivo a la justicia, la reparación de casos “de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las actividades económicas de carácter transnacional” y finalmente, “prevenir la repetición de tales violaciones.”
Según el borrador cero, se otorga a las víctimas la oportunidad de buscar la justicia no sólo en el país donde tuvo lugar la violación, sino también en el país de la sede de la empresa, o incluso pueden hacerlo en un país donde la multinacional tiene actividades significativas.
Además, al igual que la ley francesa sobre el deber de vigilancia, la empresa transnacional debe publicar información sobre cuestiones y riesgos ambientales y de derechos humanos y sobre las políticas establecidas para abordarlos. En caso de ausencia de estas medidas, la responsabilidad de las multinacionales podría ser comprometida.
Según Juliette Renaud, activista de Amigos de la Tierra, el borrador “es una buena base para comenzar la discusión, pero aún contiene debilidades con respecto a las obligaciones directas de las empresas y el mecanismo de implementación. Si bien no esperábamos la creación de un tribunal internacional, el mero establecimiento de un comité de monitoreo, sin investigación o sanción prerrogativa, parece en gran medida insuficiente “.
Por otro lado, las organizaciones empresariales consideran que el proyecto de tratado es ‘contraproducente’ y ‘pone en peligro el consenso alcanzado con los Principios Rectores de los negocios y derechos humanos.’ Entre las preocupaciones expresadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), se aumenta el riesgo de la inversión en las economías industriales, emergentes y en desarrollo. La declaración política de esta organización sobre el estado de la diligencia debida en materia de derechos humanos se publicó en mayo de 2018.
El tratado también ofrece grandes divisiones a nivel estatal. La iniciativa fue lanzada desde 2014 por Ecuador y Sudáfrica. Pero sigue siendo poco apoyado, si no combatido, por algunos países occidentales. La Unión Europea es regularmente denunciada por las ONG por su postura de bloqueo. En cuanto a los Estados Unidos o Canadá, simplemente no participan en las negociaciones.
Fuente: ágorarsc