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El Tribunal de Cuentas ha condenado a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y a la empresa Astilleros de Sevilla a devolver a la Junta de Andalucía la cantidad de 5,1 millones de euros por las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a esta sociedad en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, cuyo procedimiento de concesión está siendo juzgado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
De esta manera, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en una sentencia con fecha de 25 de abril de 2018, cuya ponente ha sido la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, y a la que ha tenido acceso Europa Press, estima la demanda interpuesta en junio de 2016 por la Junta, a la que se adhirió la Fiscalía, contra Astilleros de Sevilla, Rivera y Márquez, que está siendo juzgado en la pieza política del ’caso ERE’ y que se ha declarado en rebeldía en el procedimiento del Tribunal de Cuentas.
El tribunal considera probado que la empresa pidió entre febrero y diciembre de 2010 a la Junta nueve ayudas públicas sociolaborales cuyo importe total fue de 5.199.707,34 euros. En los dos primeros expedientes administrativos de estas ayudas, con fechas de febrero y marzo, hay memorias justificativas de la finalidad pública e interés social y económico, siendo Juan Márquez, como director general, quien concedió estas dos primeras ayudas -856.563,56 euros- para trabajadores de Astilleros, encomendando a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) al pago de las cantidades fijadas con fondos del programa presupuestario 31L, que gestionaba la propia Dirección General, y que allegaba a la Agencia a través de transferencias de financiación.
Por contra, en los otros siete expedientes administrativos de las ayudas concedidas, fechados entre abril y diciembre de 2010 y firmados por Rivera, no hay memorias justificativas de su finalidad pública. El pago de las cantidades, que en esta ocasión ascendían a 4.343.143,78 euros, también fue encomendado por el director general de Trabajo a la Agencia IDEA.
Fuente: WCA (World Compliance Association)
