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Un grupo de jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM (campus Morelia) bajo la coordinación de Víctor M. Toledo, ha realizado un nuevo recuento de los conflictos ambientales en México para el periodo 2012 a 2017.
Mediante una metodología basada en el análisis de noticias del diario La Jornada y otras fuentes de documentación, el estudio registró 1030 notas periodísticas que corresponden a 560 conflictos socio-ambientales.
Utilizando una base de datos estos conflictos fueron mapeados, geo-referenciados y clasificados en diez categorías según la índole de la problemática. La lista la encabezan los conflictos generados por la minería (173 conflictos), seguidos por los del agua (86), de energía (74), los causados por los proyectos mega-turísticos (49), los provocados por la expansión urbana (38), forestales (37), de carácter agrícola (35), por residuos tóxicos y peligrosos (34), por la construcción de carreteras (16), pesqueros (10) y biotecnológicos (8) (básicamente por la introducción de maíz y soya transgénicos).
Cada conflicto supone la afectación de núcleos humanos y de sus recursos locales, tales como problemas de salud, invasión o desposesión de territorios y propiedades, destrucción de bosques y selvas, contaminación de aire, suelo o agua, disrupción de cuencas y sus sistemas hidrológicos, afectación de mantos freáticos, lagunas, ríos o lagos, destrucción de fauna y flora y daños a los sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros.
Cada conflicto ha provocado, en la gran mayoría de los casos, una respuesta de la población afectada y el surgimiento de redes de resistencia, así como la participación de asesores en materia científica y tecnológica, cultural y legal. A su vez, los agentes provocadores de los conflictos han respondido con la negociación, pero también con la represión. Un estudio detallado por Lucia Velázquez, una de las investigadoras participantes, reveló 99 ambientalistas asesinados entre 2000 y 2015, y existe un recuento de dirigentes y líderes presos injustamente.
Los líderes y asesores que participan en la diferentes resistencias contra la privatización y el despojo de los recursos naturales o la afectaciones ambientales, enfrentan ya una estrategia de violencia tales como el secuestro y la privación ilegal de la libertad y la fabricación de delitos de prisión oficiosa. Según un reportaje periodístico (La Jornada, marzo 14, 2016), que cruzó información de diversos centros de derechos humanos existen unos 350 opositores a mega proyectos presos de manera injusta. Y mediante este modelo que se generaliza y reproduce por todo el país, los grandes consorcios (mineros, energéticos, turísticos, biotecnológicos, carreteros, etc.) que están detrás de los mega proyectos en colusión con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, intentan detener y desactivar las resistencias ciudadanas.
La información, documental y geomática, de esta investigación estará disponible próximamente al público, y servirá de base para la creación de un Observatorio sobre Conflictos Ambientales en México de escala nacional y bajo un esquema participativo. Los investigadores participantes son David Garrido, Diana Manrique y Lucía Velázquez.
Fuente: consumidores orgánicos
