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La denuncia contra la farmacéutica Boehringer por apropiación de datos de pacientes de la sanidad pública de Andalucía y Extremadura ya ha llegado ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. El pasado 22 de diciembre, el denunciante, Rafael Fernández, trabajador en la empresa farmacéutica durante 30 años, que denunció el caso de esta apropiación en marzo de 2017, dio un paso más en su denuncia y remitió la información de la que dispone a este supervisor europeo.
Todo comenzó cuando Rafael Fernández, que trabajaba como lobbista de la farmacéutica ante las administraciones sanitarias en Andalucía y Extremadura y se dedicaba a tratar de influir ante políticas que pudieran suponer barreras a los intereses de Boehringer, comenzó a recibir de su empresa documentación “extraída ilícitamente”, que incluye documentos y comunicados internos de los servicios autonómicos de Salud de Extremadura y Andalucía, pantallazos de sistemas informáticos con datos de pacientes y de funcionarios públicos, con historias clínicas de pacientes, visados médicos de fármacos, etc.
Consciente de que aquello podía constituir un delito muy grave, el trabajador empezó a sufrir una severa ansiedad que derivó en una baja médica. “Un abogado penalista me dijo que aquello podía ser un delito penal de revelación de secretos, además de una presunta violación de derechos fundamentales, pues se estaban obteniendo y difundiendo datos personales de pacientes de los sistemas sanitarios estatales”, dice a El Salto este trabajador, en sus primeras declaraciones a un medio de comunicación.
En diciembre de 2015, Fernández, por “lealtad a la empresa”, decidió comunicarlo oficialmente al Departamento Legal de Boehringer, que le exigió que le entregara de nuevo las pruebas documentales, algo a lo que se negó por contener datos personales e información privada, por lo que Boehringer le impuso una sanción de empleo y sueldo que no se pudo aplicar por hallarse el trabajador de baja. En una situación que califica como de acoso por parte de la empresa, a Fernández se le diagnostica un trastorno adaptativo mixto de ansiedad y depresión y la Seguridad Social le reconoce una incapacidad permanente con una minusvalía del 65%. El conflicto laboral se halla ante los tribunales y el trabajador reclama que se lo proteja como filtrador.
DENUNCIAS
Rafael Fernández era consciente de que tenía la obligación de denunciar esta situación en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción…”. Por ello, contactó con la Asociación Defensor del Paciente, que elevó una denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo de 2017, y esta derivó el caso a la Fiscalía Provincial de Barcelona por encontrarse allí la sede social de Boehringer en el Estado español. Poco después, la Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación y deberá pronunciarse sobre este caso antes de un año, es decir, a más tardar en marzo de 2018.
Fuente: El salto
