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La entrada en vigor de la reforma del Código Penal de julio de 2015 (Ley 1/2015) supuso el reconocimiento definitivo de los sistemas de compliance o cumplimiento normativo como herramientas clave para la prevención y detección de conductas contrarias a la ley en las empresas, además de cómo un relevante elemento de defensa corporativa llegado el caso. Las empresas que implanten sistemas de compliance pueden no solo atenuar, sino incluso ser eximidas de su responsabilidad penal.
La Fiscalía General del Estado, a través de la circular 1/2016, puso en valor la certificación, indicando ‘’podrán apreciarse como un elemento adicional más de la adecuación del modelo’’, si bien claramente establece que ‘’las certificaciones no sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial’’.
La certificación no pretende sustituir la labor de decisión de una autoridad judicial, pero no cabe duda, de su valor como medio de prueba y de defensa, así como un elemento relevante y significativo a considerar por las autoridades judiciales para valorar que la organización ha hecho todo lo razonablemente posible para prevenir y detectar los delitos y, con ello, atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La certificación es un proceso mediante el cual, después de realizar un proceso de auditoría externa, un tercero independiente competente, reconocido y con rigor, evalúa el cumplimiento de la norma por parte de una organización. Si es correcto, se emite un certificado de conformidad; se concede por tres años y está sujeto a auditorías anuales de seguimiento para verificar su mantenimiento.
Para conceder la certificación de prevención de delitos corporativos se audita que las organizaciones cumplan con todos los requisitos de la norma UNE 19601 “Sistemas de Gestión de Compliance Penal”. Esta norma, voluntaria, se ha convertido en el estándar nacional de referencia a la hora de implantar un modelo de prevención penal. El hecho de que incluya requisitos, esté alineada y recoja las mejores y más avanzadas prácticas internacionales en la materia, la convierte en una potente herramienta para prevenir y detectar la comisión de conductas contrarias a la ley.
El valor de la certificación reside en el grado de confianza y fe pública que se establece entre una empresa y sus grupo de interés, con una evaluación imparcial y competente por una certificadora, como es el caso de AENOR.
La recientemente aprobada Ley de Contratación del Sector Público incide en los sistemas de gestión de compliance, lo que, sumado a todo lo anterior, reafirma la importancia de la certificación para aportar confianza internamente y ante terceros (clientes, autoridades judiciales, socios de negocio) la seguridad razonable en la prevención de delitos, en la reducción de riesgos penales y reputacionales y en la mejora de la gestión del buen gobierno corporativo.
Fuente: AENOR
