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Argentina se une al cambio en la lucha contra la corrupción, mediante la aprobación el pasado día 8 de noviembre de la ley sobre el Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por delitos contra la Administración Pública y cohecho transnacional.
Esta ley establece como obligatoria la implantación de Programas de Integridad por parte de las personas jurídicas privadas que quieran contratar con el Estado, así como para la posible aplicación de la exención de responsabilidad penal en los siguientes delitos:
Para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, también serán necesarias la devolución del beneficio obtenido y la denuncia espontánea del delito por parte de la organización.
Estos Programas de Integridad, que son obligatorios para todas las empresas argentinas que quieran contratar con el Estado, deben constar de un código de conducta; reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y licitaciones; capacitaciones periódicas a los miembros de la organización; análisis periódicos de riesgos; canales internos de denuncias e irregularidades; políticas de protección de denunciantes contra represalias; la existencia de un responsable interno a cargo del desarrollo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad, etc.
Sin embargo, aun teniendo en cuenta el gran avance legislativo que supone la aprobación de esta ley, las organizaciones también deben contribuir de forma activa en la lucha contra la corrupción.
Este objetivo se puede conseguir a través de la aplicación de la norma ISO 37001:2016, Sistemas de Gestión Antisoborno, única norma CERTIFICABLE de carácter internacional, en la cual se incluyen el catálogo de delitos y las medidas mínimas contempladas en la referida ley argentina.
De este modo, las empresas argentinas pueden implantar y certificar estos Sistemas de Gestión Antisoborno para prevenir los delitos de corrupción, mostrando así su compromiso con la ética empresarial y garantizando la seguridad jurídica en el mercado. Esto supone una gran ventaja competitiva para las mismas, dado que la implantación de una norma internacional como la ISO 37001:2016 (la cual, hasta la fecha, es la única internacionalmente aceptada para planes de integridad) ofrece una gran confianza a las partes interesadas y garantías al Estado a la hora de contratar con estas.
La implantación de un Sistema de Gestión Antisoborno en las organizaciones refleja un serio compromiso con las buenas prácticas internacionales y es el principal mecanismo de una política global de cumplimiento.
En definitiva, podemos asegurar que la implantación y certificación de la ISO 37001:2016 es fundamental a la hora de demostrar un cambio en la cultura ética empresarial, suponiendo un gran avance en la transparencia del mercado.
Ana López Menéndez y Patricia Ramos.
Departamento de Compliance de Intedya Internacional
Miembros de la World Compliance Association
