Durante el Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, Hilk Elver, ponente sobre el derecho a la alimentación y, Baskut Tuncak, sobre Tóxicos, declararon que las normas de producción, uso y protección de los plaguicidas peligrosos en diferentes países, están ocasionando un serio impacto en los derechos humanos. Ambos señalaron que las investigaciones realizadas hasta la fecha, demuestran que los plaguicidas son responsables de unas 200.000 muertes por intoxicación aguda cada año. Alrededor del 99% de todas estas muertes ha ocurrido en países en desarrollo, donde la salud, la seguridad y las regulaciones ambientales son más débiles.
La exposición continua a plaguicidas se ha relacionado con cáncer, Alzheimer y Parkinson, alteraciones hormonales, trastornos del desarrollo y esterilidad. Los agricultores y los trabajadores agrícolas, las comunidades que viven cerca de las plantaciones, las comunidades indígenas y las mujeres embarazadas y los niños son particularmente vulnerables a la exposición a los pesticidas y requieren de protecciones especiales.
Los expertos advierten que ciertos plaguicidas pueden persistir en el medio ambiente durante décadas y representan una amenaza para todo el sistema ecológico del que depende la producción de alimentos. El uso excesivo de plaguicidas contamina las fuentes de agua y el suelo, causando pérdida de biodiversidad, destruyendo a los enemigos naturales de las plagas y reduciendo el valor nutricional de los alimentos. El impacto de este uso excesivo también impone costos asombrosos en las economías nacionales de todo el mundo.
Por otro lado, el uso de pesticidas neonicotinoides es particularmente preocupante porque son acusados de ser los responsables del colapso sistemático del número de abejas en todo el mundo. Tal colapso, dicen, amenaza la base de la agricultura, ya que el 71% de las especies de cultivo son polinizadas por estos insectos.
Aun reconociendo que ciertos tratados internacionales ofrecen actualmente protección contra el uso de unos pocos plaguicidas, subrayaron que aún no existe un tratado global para regular la gran mayoría de ellos a lo largo de su ciclo de vida, dejando una brecha crítica en el marco de protección de los derechos humanos.
Los ponentes señalan, además, la negación por parte de la agroindustria de los peligros de ciertos plaguicidas, la escala de los impactos, así como la transferencia inapropiada de culpas a los agricultores por mal uso de sus productos. Expresan su preocupación por las tácticas de marketing agresivas y poco éticas, y las enormes sumas gastadas por la poderosa industria química para influir en las autoridades y cuestionar las pruebas científicas.
Hilk Elver destaca la evolución de la agroecología, que sustituye la química por la biología, asegurando que sus enfoques son capaces de proporcionar suficientes rendimientos para alimentar y nutrir a toda la población mundial sin menoscabar los derechos de las generaciones futuras a una alimentación y salud adecuadas.
"Es hora de derrumbar el mito de que los plaguicidas son necesarios para alimentar al mundo y crear un proceso global para la transición hacia una producción agrícola y alimentaria más segura y saludable".
Fuente: IFOAM