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Hace poco menos de una década, se sugirió a los funcionarios judiciales la introducción de normas y obligaciones para declarar sus bienes y otros intereses y actividades como parte de la defensa de la integridad judicial y prevención de oportunidades de corrupción, pero causó en ellos un gran escepticismo.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contiene varias disposiciones que destacan la relevancia de las medidas y sistemas requeridos por los funcionarios públicos para las declaraciones de sus actividades externas, inversiones, empleo, activos y donaciones y beneficios sustanciales. Dichas disposiciones también se aplican a los funcionarios judiciales debido a la amplia definición de ‘’funcionario público’’ adoptada por la Convención.
La Guía para la Aplicación y el Marco de Evaluación para el Artículo 11 publicada por la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en 2015 proporciona una mayor orientación sobre la mejor forma de poner en práctica los sistemas de información financiera.
Los nuevos datos publicados en la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados del Banco Mundial y la UNODC – Obtención de un panorama completo de los funcionarios públicos: Guía práctica para la divulgación financiera efectiva, muestran que en más de la mitad de los 161 países analizados, los jueces y fiscales están obligados a declarar sus ingresos, activos y demás intereses y sus actividades pertinentes. Respecto a los jueces de la Corte Suprema, ya se aplica en casi el 60% de los países.
Los propios jueces entran en el debate ya que en 2016 la primera comisión de estudio de la Asociación Internacional de Jueces acerca de Medidas para Promover la Integridad y la Lucha contra la Corrupción en el Poder Judicial respaldó "la práctica de declarar conflictos de intereses y la evasión o declaración por parte de los jueces de cualquier afiliación con causas públicas que pudiera generar una conflicto percibido o real". Además, reconoció específicamente la existencia de registros públicos y no públicos de los bienes y los ingresos de un juez en un número significativo de países y acordó que "sería una buena medida para prevenir la corrupción".
La Red Global de Integridad Judicial, iniciativa que está a punto de ser lanzada por la UNODC con el apoyo financiero del Estado de Qatar, proporcionará una plataforma única para que los jueces de todo el mundo intercambien buenas prácticas, se apoyen y asesoren mutuamente y desarrollen herramientas y materiales con el objetivo de guiar a los jueces en sus esfuerzos por fortalecer la integridad judicial y prevenir la corrupción en el sistema de justicia.
Existe una oportunidad real para avanzar en este debate.
Fuente: UNODC
