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Después de un primer análisis realizado hace seis meses en el que se evidenció el muy escaso cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de las instituciones públicas españolas, el nuevo análisis realizado por Transparencia Internacional España en julio de 2016 viene a evidenciar que de una forma tan inaceptable como preocupante la mayor parte de las entidades públicas siguen sin cumplir dicha normativa legal.
Transparencia Internacional España realizó en enero y febrero de 2016 en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP) un análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado. Este análisis vino a poner de manifiesto el clamoroso incumplimiento de esta normativa legal por parte de una gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto Ayuntamientos, como Comunidades Autónomas, Parlamentos, Diputaciones Provinciales y Universidades públicas.
El nuevo análisis realizado por TI-España y el OCP en Julio de 2016 pone de manifiesto ciertas mejoras en el nivel de cumplimiento en algunas de estas instituciones, pero en todo caso sigue siendo inaceptable y realmente preocupante el mayoritario incumplimiento legal por las entidades públicas de este país. Así, de los 110 grandes Ayuntamientos españoles analizados en enero de 2016 por TI-España, sólo 29 de los 110 cumplían esta obligación, esto es el 26% de los Ayuntamientos; en el reciente análisis realizado en julio la situación sigue siendo casi la misma, dado que son solamente cuatro Ayuntamientos más los que cumplen la ley, esto es, en la actualidad son sólo 33 de los 110 grandes Ayuntamientos los que cumplen esta normativa legal sobre contratos, o lo que es lo mismo sólo el 30% de los Ayuntamientos cumplen la ley. Resulta significativo que grandes Ayuntamientos como los de Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla incumplan esta normativa legal.
Por otra parte, en relación con las Comunidades Autónomas, en enero de 2016 eran sólo tres Comunidades entre las 17 totales las que cumplían esta normativa legal. En el reciente análisis del mes de julio han pasado a ser seis las Comunidades que cumplen la ley, lo que significa que ahora es algo más de un tercio de las Comunidades las que cumplen, y por tanto son casi dos terceras partes las que siguen sin cumplir la normativa legal.
Dado el muy abultado e inaceptable nivel de incumplimiento legal por las entidades públicas españolas, es necesario promover en todas las organizaciones a diferentes niveles el cumplimiento de las obligaciones legales el menor breve plazo posible, de cara a la centralización de la información general relativa sobre contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas facilitando la disposición pública de la información a todas las empresas, como resultado del aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, permitiendo un mayor cumplimiento de las reglas de competencia, y por tanto, de eficiencia económica global.
Fuente: Transparencia.org
