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En España nos encontramos con la existencia de profundas brechas económicas y sociales. En torno al 54% de los ciudadanos reconoce que ha pasado a una clase inferior como consecuencia de la crisis.
En este sentido, considerar el abismo sin ver la ética, o la falta de la misma, es imposible, individualmente de que se realice de forma individual o colectiva. En plena crisis, Friedrich Schneider, profesor de economía de la Universidad Johannes Kepler en Linz (Austria), calculó que la corrupción costaba a España el 1º de su riqueza anual. Unos 10.000 millones de euros. Además, en la última década 100.000 millones se han ido por ese sumidero. La Universidad de Las Palmas estimó esa vergüenza en 50.000 millones. Además del perjuicio económico era necesario considerar el impacto social y el coste en la reputación de las empresas.
Ahora el Gobierno comunica el fin de la crisis, pero no para 730.000 familias españolas sin ingresos.
En relación a ello, ¿Habrán adquirido las empresas conciencia sobre el precio y el coste social de la pérdida de la ética? José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad de Comillas, lleva 27 años vigilando esas preguntas y sus respuestas acumulan escepticismo. “Resulta posible que la situación que hemos visto se vuelva a repetir en lo económico y lo ético. Tengo la sensación de haber visto la misma película tres o cuatro veces ya”, sostiene.
En el fondo pervive algo mucho más profundo que la economía y es cómo una empresa, y su comportamiento, percuten en todos. De ahí que algunas organizaciones hablen de “capitalismo ético” o “capitalismo responsable”. “Si el fin que mueve a la compañía es obtener dinero sobre dinero, caiga quien caiga, esa empresa aporta muy poco a que su gente esté orgullosa de formar parte de la organización”, relata José Luis Fernández. “Porque se trata de vivir una vida que merezca la pena en el futuro. Vivir bien, vivir a gusto y dejar vivir”. Esa mirada humanista resulta inherente a Antonio Garrigues Walker, impulsor del bufete Garrigues. “Hay un cambio radical en la actitud de las empresas en todos los sentidos. Esto es lógico. A nada que desaparece la sensación de impunidad la gente se pone a pensar. Se da cuenta de que el crimen no paga y que la gran mayoría de los corruptos han caído”.
DETECCIÓN DE RIESGOS
Toda esa filosofía surge débil si las empresas no detectan los riesgos que pueden sufrir en su reputación y los ponen término. Porque los peligros son ingentes: fraude, soborno, corrupción, riesgos físicos, informáticos. Pero también “falta de transparencia, desinterés por el cambio climático, ausencia de buen gobierno corporativo, malos servicios posventa e incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace”, desgrana José María Mella, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Un mecanismo de alarma bien podría ser habilitar en la compañía canales de denuncia.
En este escenario, ¿quién duda de la fragilidad del ethos de una empresa? Hasta ahora el mayor riesgo reputacional en España ha recaído en el sector financiero debido a su peligro de insolvencia. La forma de evitarlo es supervisando entidad por entidad. ¿La manera de sanearlo? “Sustituyendo los antiguos directivos causantes de los problemas por gestores profesionales de contrastada honestidad y competencia”, aconseja Mella.
Joan Fontrodona, profesor del IESE, mezcla la esperanza y la amargura. “Lo positivo es que ha vuelto a aparecer la palabra ética en los papeles”. Las dudas residen en sí “las organizaciones invertirán dinero y ambición en todo esto creando áreas de compliance [encargadas de evitar que la firma inflija la ley y la ética] o, por el contrario, se limitarán a rellenar una casilla en una memoria”, incide el docente. Porque se juegan muchísimo. “La pérdida del componente ético supone para cualquier compañía una condena segura hacia la desaparición”, advierte María Vidal, socio responsable de Ética de la consultora PwC.
Han sido numerosos los ejemplos de corrupción que han activado la alarma;
Como ejemplo, La tragedi de Bangladesh en 2013, donde murieron 1.200 personas aplastadas tras derrumbarse un edificio que cobijaba talleres que trabajaban para marcas textiles ha provocado que empresas como Inditex hayan controlado a sus proveedores y las condiciones en las que estos operan.
Aunque hay otros cortafuegos. “Las firmas cotizadas cada vez nombran más consejeros independientes, dan mayor peso a los grupos de interés (accionistas, organizaciones no gubernamentales) y aumentan los departamentos de compliance”, narra Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España.
La reputación de la marca sufre, y por ello resulta complejo salir del entuerto. Un buen posicionamiento puede recuperase con productos o servicios de calidad que entierren al que provocó esa pérdida de imagen. Además, la creación de un discurso corporativo que genere credibilidad es fundamental para poder enseñarla a la compañía. Todo ello considerando que el consumidor demanda comportamientos éticos pero también artículos a buen precio.
Para ello es necesario gestar una sociedad de virtudes cívicas y esto requiere tiempo. Auqnue para ello quizás es necesario considerar algunos planteamientos como los de John Donne, que tiene en cuenta la importancia de la ética en la empresa como el desarrollo de la capacidad de pensar en los demás.
LAS NEGRAS CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN
La corrupción ha tenido consecuencias a todos los niveles, tanto en micro como en macro empresas. En las grandes economías genera inestabilidad y erosiona la seguridad jurídica. Todo ello empeora la imagen del país, degrada su confianza, disuade la inversión extranjera y reduce los ingresos públicos al comprometer la capacidad recaudatoria. Además actúa como un impuesto que premia las actividades no productivas (depredadoras y buscadoras de rentas) de los corruptos y castiga los talentos creativos incrementando sus costes”, observa José María Mella, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid.
En el mundo de todos los días impulsa la evasión fiscal de las empresas, el crecimiento de la economía sumergida y la alteración de la composición del gasto público en perjuicio de actividades socialmente más rentables (educación y sanidad) frente a otras con ganancias rápidas y fáciles vinculadas a grandes operaciones urbanísticas. Todo esto aumenta la desigualdad social.
Publicado en: http://economia.elpais.com/economia/2015/07/31/actualidad/1438355354_444869.html
