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Transparencia obliga

Más de 6.000 grandes compañías deberán aumentar la información que ofrecen en virtud de una nueva directiva del Parlamento Europeo


La normativa, que en su exposición inicial era más ambiciosa, ha sido descafeinada por la fuerte presión de los lobbies. Las empresas de más de 500 trabajadores y que superen una facturación de 40 millones de euros deberán informar de sus impactos medioambientales, sociales y en materia anticorrupción.


Obligatorio. Pronunciar este adjetivo enfrentando la mirada de un financiero o un empresario es como verter yodo en una herida abierta. Escuece. Por eso las negociaciones han sido muy duras. La presión de los lobbies en Bruselas es enorme, infatigable. Y van a seguir peleando por descafeinar aún más la norma, sostiene Antonio Masip, eurodiputado del PSOE.


¿A qué se refiere? El Parlamento Europeo acaba de aprobar una directiva sobre divulgación de información no financiera que obligará (una vez que sea ratificada en mayo por el Consejo) a unas 6.000 grandes compañías de la Unión Europea a informar sobre sus impactos en materia social, ambiental, políticas de diversidad, respeto de los derechos humanos y medidas contra la corrupción y el soborno. Si las empresas lo llevaran a su cumplimiento máximo, una petrolera, por ejemplo, debería explicar en su informe anual todos los vertidos, por pequeños que sean, que ha provocado en cualquier parte del mundo.


Muchos ecologistas leerán esa última frase con incredulidad. Harán bien. La iniciativa ha ido diluyéndose debido a la oposición sobre todo del Reino Unido, Polonia y Alemania. Y los críticos han empezado a levantar la mano. Esta directiva no obliga a ninguna empresa a aplicar políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) o a actuar de manera responsable. Solo les pide que sean más transparentes sobre lo que hacen y los riesgos que encaran, observa Jérôme Chaplier, coordinador de la plataforma ciudadana European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).


Se refiere a que no hay sanciones por incumplir la directiva, o sea, por no informar; tampoco existe un auditoría externa que verifique ese cumplimiento y las empresas podrán decidir qué indicadores y estándares utilizan en el reporte. Además en la transposición de la norma a la legislación nacional cada país puede hacer de su capa un sayo. Entonces, ¿de qué sirve? La normativa instala la cultura de la transparencia y la sinceridad, apunta, optimista, Elisabeth de Nadal, del bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Además también vale para introducir un debate profundo: ¿debe ser la RSC voluntaria u obligatoria?


En Bruselas, el laissez-faire continúa siendo un estilo de vida innegociable pese al esfuerzo de algunos países por evitarlo. Y se siente en las discusiones. Francia, Dinamarca y Bélgica querían una directiva fuerte y obligatoria mientras que el Reino Unido, Polonia, y otros territorios del este, defendían una limitada. Por su parte, Alemania se oponía a cualquier intervención. Así que ha sido necesario diluir la ambición de la norma para conseguir que esos países que eran reticentes al final la apoyen.


Como consecuencia de esta lección de geopolítica de los intereses particulares, la directiva que surge se pierde como harina en un colador. En principio iba a afectar a 18.000 compañías porque se quería incorporar a las pymes pero ahora solo incidirá en aquellas que tengan más de 500 trabajadores (ya sean cotizadas o no) y sumen un balance total de 20 millones de euros o bien una cifra neta de negocios de 40 millones. La cuenta da un saldo de 6.000 firmas en la Unión Europea, de las que entre 500 y 600 son españolas. ¿Un número ambicioso?


Aunque la directiva llegue descafeinada, la idea no es mala, asegura Antonio Gómez, director del área Jurídica de la consultora Everis. Su gran valor es el pedagógico. Puesto que en transparencia estamos a gran distancia de los países nórdicos o del Reino Unido. Al fin y al cabo, como precisa Jesús de la Morena, a cargo de la Responsabilidad Corporativa del despacho Garrigues, hay que ser cuidadoso con la implantación de la norma. No puedes ponerte a legislar a las bravas. En el fondo habita la sensación de que una legislación más ambiciosa no hubiera sido aprobada.


Pese a todo, la directiva ha generado mucha desconfianza. De ahí la presión para debilitarla. ¿Por qué? Los lobbys en Bruselas tienen miedo de que esta norma abra la puerta a más regulaciones en RSC, obligue a las compañías a asumir responsabilidades por lo que sucede en sus cadenas de suministro y aumente el gasto administrativo y de gestión. La UE calcula que implantarla costará, en conjunto, 100 millones de euros. Para una empresa que incorpore el reporte dentro de sus propios estados financieros saldrá por menos de 5.000 euros y para quien construya un informe completo y de manera independiente (auditado), el coste oscilaría entre 30.000 y 600.000 euros. Parece difícil que la industria pueda excusarse en los precios. Es una cantidad ínfima dentro de la facturación de una empresa con, al menos, medio millar de trabajadores.


Además, la oposición no es generalizada. Hay compañías como Ikea o Unilever que han apoyado públicamente las reformas. Ambas firmaron una carta conjunta en la que aseguraban que los informes de sostenibilidad que elaboran han mejorado la transparencia y facilitado el diálogo con grupos de interés clave. Pero a la vez, el sector es consciente de que perviven dinosaurios de la industria, como los califica el periódico británico The Guardian, que han maniobrado contra la nueva legislación. BusinessEurope el mayor grupo lobista europeo, que incluye a la española CEOE ha comentando en voz alta que la responsabilidad social corporativa solo puede ser voluntaria. Sin duda una llamada al debate.



Fuente:elpais.com

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