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El pasado día 26 de noviembre de 2015, el Ayuntamiento de Calvià, municipio de Mallorca Baleares, aprobó, por unanimidad, una moción presentada por el partido Ciudadanos que proponía lo siguiente:
Que se implantasen programas de prevención de delitos en las empresas municipales y que a su vez en las licitaciones públicas se exigiese o se incentivara a que las empresas privadas que concurriesen a licitaciones públicas dispusieran de los mencionados planes de prevención de delitos, todo ello atendiendo a una apuesta por la transparencia y como iniciativa en la lucha contra la corrupción.
Estos programas dan la posibilidad a una persona jurídica de quedar exonerada de responsabilidad penal cuando se cometa un delito en el seno de la misma, siempre que se haya establecido un programa de prevención de delitos adecuado y eficaz en los términos que refleja la ley.
Muchas empresas del sector privado están implantando estos programas desde que se ha aprobado la reciente reforma del código penal en julio de este año, ¿y por qué no debería hacerse en la Administración Pública o en los partidos políticos? Cabe recordar que los grandes casos de corrupción se sitúan en el seno de empresas públicas, de hecho para que exista corrupción siempre debe haber una Administración implicada.
En mi opinión, el conjunto de partidos del Ayuntamiento de Calvià han actuado con responsabilidad y les importa no sólo la prevención de delitos sino la gestión transparente en la contratación pública, así como, la reputación de sus empresas públicas.
Lo llamativo es que dicha iniciativa se haya tomado en un Ayuntamiento de un municipio de Mallorca y no tenemos noticias de que se haya llevado a cabo en ningún otro ni en la misma isla ni del resto de España, cuando la composición política es prácticamente la misma en todos sitios. Sí tenemos conocimiento de que se presentó la misma moción en el Ayuntamiento de Palma, Mallorca, y curiosamente se votó en contra y no se aprobó.
La pregunta es, ¿por qué en Calvià sí y en otros sitios no?, ¿podríamos deducir que otras administraciones piensan lo contrario?, o sea que ¿les importa un comino la reputación y prestigio de las empresas públicas? o que ¿tampoco les debe importar involucrar al sector privado en la prevención de delitos?, o es que ¿no quieren establecer sistemas de control en las empresas públicas para evitar delitos?.
Quizás hay que preguntarse si son conscientes los miembros de los consejos de administración de las múltiples sociedades públicas que existen en el conjunto de España de su responsabilidad en el caso de que una de estas empresas tuviese que afrontar una sanción económica o que fuese intervenida judicialmente con las consecuentes repercusiones mediáticas. Todos conocemos los múltiples casos de corrupción que por desgracia aparecen a diario, en los que evidentemente hay una responsabilidad de la parte privada pero es necesario que para corromperse también participe la parte pública. Pero los delitos que puede cometer una empresa pública no han de circunscribirse únicamente al ámbito de la corrupción, por ejemplo, hay múltiples empresas públicas en España que gestionan depuradoras, recogen o tratan residuos, etc. ¿Son conscientes los miembros de los consejos de su posible responsabilidad por un delito medioambiental? Otro ejemplo, hay múltiples empresas públicas o entidades similares que tienen su ámbito de actuación en el sector sanitario, ¿son conscientes los miembros de sus consejos de administraciones de las posibles responsabilidades por un delito de revelación de secretos?
Creo sinceramente que hay que dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Calvià por su iniciativa, por adoptar posturas lógicas y de sentido común, ahora que se ha dado el primer paso hay que ponerlo en marcha y dar ejemplo a otras administraciones de que ha de ser la Administración, y desde luego los partidos políticos, la que lidere políticas de transparencia y prevención del delito, esta responsabilidad no puede recaer sólo en el mundo privado.
Víctor Manuel Hernández Raposo.
Director asociado Intedya y Abogado Experto en Compliance
