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La corrupción (segundo motivo de preocupación, según el CIS) ha estado asociada históricamente a la actividad profesional, como parte inherente al trabajo, y no estaba mal considerada por la opinión pública, pero durante los últimos 20 años, esta situación ha empezado a cambiar. Con motivo de su paso por Madrid, el presidente del grupo ISO 278 de normativa anticorrupción –cofundador y director de Global infrastructure anti-corruption (GIACC)–, Neill Stansbury, explicó en una entrevista a CincoDías que el nuevo estándar pretende combatir el cohecho en las empresas, por parte de altos cargos o trabajadores con menor responsabilidad. Además, “la futura norma se aplicará a quienes paguen y a quienes reciban dinero por soborno”.
Stansbury explica que la norma será válida para empresas públicas y privadas, por lo que los criterios usados en su aplicación serán los mismos para todas. “La hemos redactado sobre la base de unos requisitos mínimos, que deben ser interpretados según el tipo de organización, su volumen de trabajo, la localización de sus sedes, etc”, señala. Cada organización, según sus particularidades, deberá adaptar el estándar. Es decir, “es un marco de mínimos”.
Para ejemplificar la aplicación de este estándar, Stansbury usa las compañías de construcción: “si eres una constructora, corres el riesgo de que tus empleados paguen sobornos con el fin de obtener una adjudicación, pero también es posible que tus subcontratas paguen sobornos a tus empleados para conseguir trabajo”. Por otra parte, los directivos también podrían pagar sobornos, así que se combatirá el fraude “desde arriba y desde abajo”, en palabras de Stansbury. La nueva norma requerirá que los altos cargos se comprometan por escrito, que los empleados sean instruidos para prevenir riesgos, que todos los pagos vayan justificados con dos firmas y que sean aprobados por algún cargo directivo. Además, se implantará un sistema de denuncia para posibles sobornos, mecanismos de investigación y la figura de un observador en cada empresa. “Es un sistema de dirección integrado en la organización de la compañía para prevenir actos corruptos”, afirma.
"En los países con un mayor nivel de control sobre los empleados públicos, sistemas de vigilancia y libertad de prensa, hay menor riesgo de corrupción”
Al preguntarle cuáles son los motivos que llevan a alguien a cometer actos corruptos, el presidente de este grupo ISO responde que estos se pueden dar por avaricia humana, falta de vigilancia o una crisis del sistema de gobierno. “Lo que sí es cierto es que en los países con un mayor nivel de control sobre los empleados públicos, sistemas independientes de vigilancia y libertad de prensa, hay menor riesgo de corrupción”, mantiene Stansbury. Y añade que si alguien tiene intenciones de ser corrupto, pero piensa que tiene posibilidad de ser descubierto (y finalmente ingresar en prisión), el riesgo es mucho más bajo. Según él, en los estados con controles financieros y vigilancia más débiles y falta de libertad de prensa, el riesgo de corrupción aumenta.
El presidente de este grupo de trabajo no puede dar detalles específicos acerca de la futura norma ISO ya que, al ser un borrador, se pueden producir cambios sustanciales. Lo que sí está claro es que esta enlazará con la modificación de 2010 del Código Penal español, que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que actualmente tiene en trámite una modificación para imponer medidas de vigilancia y control para las empresas.
Antecedentes históricos del futuro estándar
En los años 90, se sostenía que la corrupción era necesaria para los negocios, y los economistas afirmaban que los países corruptos crecían más rápido. No obstante, organizaciones como la OCDE y la ONU la tacharon de inaceptable, y se comenzaron a perseguir las malas actuaciones económicas. Las empresas adoptaron sistemas para cumplir con la ley y se llegó a la necesidad de un estándar internacional. Su catalizador fue Reino Unido, donde el pago de soborno y la falta de controles para frenarlo eran ofensas criminales. Según la ley británica actual, si una subcontrata o un proveedor paga un soborno para hacer negocios en nombre de una compañía, esta puede ser perseguida y sus jefes pueden ir a prisión. En 2011, el British Standards Institute (BSI) publicó la norma antisoborno BS 10500. A raíz de una propuesta de BSI a ISO, en 2012 se formó un comité para desarrollar la norma ISO 37001, estándar internacional antisoborno para sistemas de dirección, certificable por terceros. En 2013, se culminó la redacción de un primer borrador, se recogieron los comentarios y, ahora, 16 países se han reunido para discutirlos en la sede de Kpmg enMadrid. Se publicará un segundo borrador, que será distribuido para obtener más comentarios. El comité se reunirá de nuevo en septiembre y el proceso seguirá hasta el nuevo estándar internacional, que se publicará en dos o tres años.
Fuente: noticias.com
