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Analizando la evolución de los esfuerzos que se han venido realizando por todos los actores implicados en los procesos de prestación de servicios energéticos, la amplia variedad de sus modelos, los trabajos y alcances desarrollados y los sectores abordados, en este sector se ha llegado a la conclusión de que es necesario unificar y hacer comparables los resultados que se obtienen. En este marco, la Norma UNE 216701 se convierte en una herramienta fundamental para conseguir este objetivo. Describe los requisitos de clasificación que debe tener un Proveedor de Servicios Energéticos (PSE) para que pueda ser utilizado como referencia que impulse la promoción de medidas de ahorro y eficiencia energética desde una perspectiva económico-financiera, a partir de las propuestas de mejoras técnicas de una auditoría energética.
Esta circunstancia toma un especial relieve si atendemos al dictamen de la Comisión de Expertos de Transición Energética. En su Resumen Ejecutivo de abril de 2018, relativo a la Promoción de la mejora energética continua de los procesos industriales, determina que es necesario incrementar los niveles de conocimiento sobre los consumos y los costes energéticos en su actividad y mejorar en la incorporación de sistemas de certificación energética. Para alcanzar cotas de eficiencia superior a las logradas mediante mecanismos de mercado, las políticas públicas de fomento, tales como ayudas a la inversión, exenciones fiscales o mediante empresas de servicios energéticos, deberían centrarse en aquellas medidas cuya rentabilidad hace más difícil que sean acometidas por las empresas.(…)Es importante contar con señales económicas o con regulaciones específicas que permitan reducir la demanda de servicios energéticos mediante cambios de comportamiento, y con ello, facilitar el cumplimiento de los objetivos de ahorro energético, más allá de lo que permite el cambio tecnológico. Esto es más importante aún si los objetivos se sitúan en niveles del 30 o 35 %. Para alcanzarlos sería crítico contar con las medidas de ahorro energético en edificios y en transporte.
Todo ello, unido al Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020, que establece medidas legislativas en la promoción de los servicios energéticos y medidas de apoyo económico para la contratación de servicios energéticos, proporciona un marco de referencia óptimo para el desarrollo de la actividad de prestación de servicios energéticos.
Fuente: AENOR
