Zona Clientes
Campus e-Learning
- Zona Clientes
- Campus E-Learning
El pleno de Les Corts ha aprobado, con los votos de PSPV, Compromís, Podem y Cs y el rechazo del PP, la Ley de Responsabilidad Social, que contempla la prohibición de trabajar con empresas que operen o estén en paraísos fiscales y que promueve y fomenta en el ámbito de la Comunitat el desarrollo de acciones y políticas socialmente responsables en las administraciones públicas.
En concreto, la ley tiene como objetivo apostar por el diseño, desarrollo y puesta en marcha de políticas, planes, programas, proyectos y criterios en la administración pública con criterios de sostenibilidad social, ambiental, económica, financiera y de transparencia en la contratación con condiciones generales. Asimismo, el documento incluye medidas de planificación como un Plan Valenciano de Responsabilidad Social o la creación de órganos de participación y consulta como el Consejo y Observatorio Valenciano de Responsabilidad Social.
“La nueva ley nos permite ir un paso más allá, estableciendo un marco jurídico apropiado para incluir cláusulas sociales, ambientales y éticas en la contratación pública”, ha afirmado el conseller de Transparencia y Responsabilidad Social, Manuel Alcaraz.
La ley obliga a las administraciones públicas a incluir cláusulas de responsabilidad social en los pliegos que prohíba que empresas que realicen operaciones financieras consideradas delictivas en paraísos fiscales puedan ser contratadas, que los trabajadores cobren lo estipulado en el convenio colectivo “que establezca las condiciones más beneficiosas”, que afectará también a las subcontratas, según las enmiendas pactadas con patronal y sindicatos. Para ello, se les exigirá una declaración de responsabilidad.
Se especifica que en los criterios de contratación se premiará a quienes utilicen productos de comercio justo, y fomenten el valenciano. Asimismo, la administración debe favorecer mediante la negociación con los lobbys que las empresas apliquen horarios que permitan la conciliación laboral-familiar y fomentarán la participación del personal en labores de voluntariado o acción social. Para las empresas o entidades que asuman el código ético que indica la norma y quieran realizar ejercicios de transparencia, se creará un registro de empresas socialmente responsables.
Durante el debate, el diputado de Cs Toni Woodward ha destacado la incorporación de algunas mejoras en la norma durante el trámite parlamentario como la innovación o la igualdad retributiva para considerar a una entidad como socialmente responsable.
No obstante, para el diputado del PP Juan Carlos Caballero, se trata de una norma “con mucha retórica y palabrería” pero “cero incentivos y presupuesto”. Esta ley había generado muchas expectativas, pero ha acabado decepcionando porque es una ley cosmética con muchas promesas sobre el papel, pero sin medidas concretas”, ha considerado.
Ha subrayado que su formación defiende “el fondo” de la ley y la incorporación de criterios éticos en las empresas y de cláusulas sociales en la contratación pública pero ha indicado que la norma no mejora lo que ya existe “ni aporta nada” y, además, está “impregnada de sectarismo” porque “crea problemas donde no los hay”. “Confunden el incentivo con la imposición y añaden nuevas trabas”, ha recriminado a la bancada del Botànic.
Caballero ha hecho especial hincapié no solo en la falta de incentivos y presupuestos, sino también en el “racismo lingüístico” que recoge la ley en el artículo 13 al incluir “una cláusula lingüística” que “impone el valenciano para calificar a una empresa como socialmente responsable” con el objetivo de “subvertir la paz lingüística de las dos lenguas cooficiales y optan por el chantaje”.
Para saber más sobre el tema, lee el documento que elaboramos en Agora sobre Comentarios al proyecto de Ley Valenciana de RSC.
Fuente: ágorarsc
