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En las últimas semanas se han producido importantes avances legislativos relacionados con la gestión de intereses o "lobby" y con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que permitirá sancionar por corrupción no sólo a personas sino también a las empresas.
El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, es el funcionario encargado de avanzar en un nuevo proyecto, en coordinación con la subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. “Estamos trabajando en una ley de gestión de intereses”, anunció Pérez.
Uno de los modelos que se están observando es el chileno, donde ya hay en funcionamiento una ley de gestión de intereses. También en Estados Unidos hay una larga tradición en la regulación del lobby donde se establece la creación de un registro de “gestores”.
"En Chile la ley de lobby regula los estándares de ética pública y el funcionario debe llevar un registro de audiencias, donativos y viajes. El que no cumpla con ello tiene multa y hasta se lo puede destituir", explicó Rodrigo Mora Ortega, referente del gobierno chileno en materia de transparencia.
El Consejo Profesional de Relaciones Públicas "está muy a favor de este trabajo de transparentar la actividad de lobby y de que no quede en una actividad gris u oculta. Tiene que ser absolutamente transparente y se tiene que poder analizar claramente a quién voy a ver, por qué lo voy a ver y en representación de quién voy a ver a la autoridad", según su presidente, Ignacio Viale.
Viale pide una norma que “jerarquice a la actividad” pero que sea suficientemente sencilla como para “que no obstaculice el sano ejercicio de la misma”.
“A mi juicio, alcanza con jerarquizar a la actividad, transparentar su acción y velar por el cumplimiento de las normas vigentes, que no son pocas ni benévolas”, sostiene otro referente del Consejo, Hernán Maurette. En su visión, “cualquier reglamentación vulneraría el espíritu de peticionar ante las autoridades previsto en el artículo 14 de la Constitucion Nacional, aún un registro de lobbyistas”.
Los participantes de un encuentro organizado por el Consejo para analizar la ley, se mostraron más proclives a dar mayor transparencia al proceso a través de la publicación de las audiencias, los participantes y los motivos.
En caso de sancionarse la ley, los organismos del Estado estarán obligados a cargar y mantener actualizados los registros públicos y online de las audiencias de gestión de intereses que mantengan. Ya no bastará con lugar, fecha y hora o nombre de solicitantes y asistentes, sino también con el nombre o razón social de la persona, cuyos intereses se gestionaron y una síntesis del contenido de la audiencia. También deberán registrarse los viajes a más de 70 kilómetros que no hayan sido solventados por el funcionario y los datos imprescindibles serán lugares y fechas, motivos de las actividades, monto de los viáticos y nombre de la persona o entidad que los solventa.
En una reciente encuesta de IDEA seis de cada diez directores de Asuntos Corporativos se mostraron a favor de la regulación del lobby.
La Oficina Anticorrupción ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que apunta a que se pueda sancionar por delitos de corrupción no solamente a individuos sino también a empresas y otras personas jurídicas.
El Director de la División Anticorrupción de la OCDE, William Loo, destacó la necesidad de que ésta ley sea aprobada, ya que Argentina es el único país que ratificó la Convención de OCDE contra el Soborno Transnacional que no tiene ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Argentina debe contar con esta ley en su marco jurídico para poder acceder al organismo de cooperación internacional, tal como aspira la administración Macri.
“Para promover el desarrollo del país es imprescindible la cooperación entre el sector público y el sector privado. Solamente si entre todos construimos más institucionalidad, más transparencia y mejores prácticas podremos insertarnos en la economía global y competir a nivel internacional con los mejores estándares”, sostuvo Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción.
Alonso afirmó que el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas “no busca penalizar sino incentivar buenas prácticas” y destacó que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados abarca casos no sólo de soborno transnacional sino también delitos de corrupción local. De esta forma, la titular de la Oficina Anticorrupción auguró una coalición entre el sector público y el sector privado por la transparencia y el desarrollo: “Vamos a poner al sector privado de Argentina en una economía global y abierta. Van a salir a competir con los mejores estándares. Esto es como un tango: el sector público y el privado tiene que bailar el tango de la integridad”.
Fuente: ComunicaRSE
