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El 14 de noviembre de 2016 finaliza el plazo fijado por el Real Decreto 56/2016 para que las grandes empresas españolas realicen sus primeras auditorías energéticas obligatorias, las Comunidades Autónomas deberán comenzar a aplicar los mecanismos de inspección y control con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, ninguna administración autonómica ha hecho público, al menos por escrito, los criterios que van a seguir para evaluar la conformidad de las auditorías y/o los sistemas de inspección y control que van a poner en marcha.
En la jornada que A3e organizó en junio, algunos responsables autónómicos desvelaron que estaban consensuando un documento entre las Comunidades Autónomas para resolver algunas dudas interpretativas del RD 56/2016 y fijar unos criterios sobre el alcance mínimo de las auditorías energéticas. No obstante, este documento todavía no se ha llegado a publicar y la desinformación está generando una notable preocupación tanto en las empresas obligadas como en las empresas que realizan las auditorías energéticas.
Por ello, A3e insta a los responsables de las diferentes comunidades autónomas para fijar, lo antes posible y en todo caso antes del 14 de noviembre, los criterios que se van a seguir para la evaluación de las auditorías energéticas, así como los mecanismos de inspección y control que se pondrán en marcha para garantizar la calidad de las mismas.
Tal y como reflejaba el Estudio de A3e sobre el Análisis del impacto de la entrada en vigor del RD 56/2016, publicado a finales de julio y basado en una encuesta a empresas del sector de la eficiencia energética, la mitad de las grandes empresas españolas todavía no habría iniciado el proceso de contratación de la auditoría energética (o Sistemas de Gestión Energética), y el 28% de los trabajos presupuestadas no cumplirían con el alcance mínimo exigido por el Real Decreto.
Ambas circunstancias ponen de manifiesto la ingente labor que tienen por delante las Comunidades Autónomas en los próximos meses, tanto para cumplir el Real Decreto 56/2016, como para hacerlo cumplir a las empresas obligadas, muchas de las cuales ni siquiera conocen la nueva normativa...
La competencia de las Comunidades Autónomas para inspeccionar y controlar las auditorías energéticas implica un ejercicio de responsabilidad extra que deben asumir. Esta competencia representa al mismo tiempo un elemento clave para garantizar la calidad de los trabajos que se lleven a cabo y, a la postre, los objetivos de ahorro marcados.
En Reino Unido, por ejemplo, la Agencia de Medio Ambiente que ejerce este rol, ya ha anunciado la investigación a 1.700 empresas que podrían no haber entregado su auditoría en tiempo y forma; en el resto de empresas obligadas – más de 7.000 -, su investigación ha encontrado aspectos a mejorar en el 65% de las auditorías.
Fuente: news.asociacionA3E
