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Tras el parón de verano se va recuperando la actividad poco a poco, y son muchos los elementos que van a definir la actualidad de la Responsabilidad Social Empresarial este otoño. Temas como el Cambio Climático, el impulso hacia una fiscalidad responsable o la importancia, cada vez mayor, de los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) entre los inversores, van a ocupar una gran parte de las agendas de las compañías.
La, ya “vieja”, nueva Directiva sobre divulgación de información no financiera y diversidad (Directiva 95/2014/UE) fija una serie de obligaciones de reporte a determinado tipo de grandes empresas de más de 500 empleados y de interés público, que han de ser tenidas en cuenta de cara a desarrollar las estructuras de reporte para recopilar la información en 2017 y poder cumplir con las nuevas obligaciones a lo largo de 2018.
Esta Directiva exige reportar, con ciertos matices, sobre los riesgos e impactos que estas compañías tienen en aspectos extrafinancieros. Se trata de un reporte adicional al de los estados financieros, que incluyen aspectos ambientales (tales como emisiones de gases efecto invernadero o GEI, utilización de fuentes de energía renovable y consumo de agua, entre otras), aspectos sociales (incluyendo en éstos aspectos como la igualdad, los derechos de los trabajadores, la salud y seguridad en el trabajo o la atención a las comunidades locales) y los aspectos de gobernanza (que abarca elementos claves como la corrupción, los derechos humanos o el soborno).
Esta normativa europea debe ser traspuesta a los ordenamientos jurídicos nacionales, por cada uno de los Estados miembro de la Unión, antes del plazo de entrada en vigor de la misma, marcado, en este caso, para el 6 de diciembre de este mismo año.
Hasta el momento, únicamente hay 2 países europeos que han oficializado esta trasposición, pero, con toda seguridad, en los próximos meses veremos cómo otros muchos culminan este proceso a tiempo para llegar al plazo marcado por la UE.
En el caso de España la transposición está siendo liderada por el ICAC, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad) y actualmente se encuentra redactando el primer borrador, que será presentado y completado por un grupo de trabajo compuesto, entre otros, por representantes de distintos Ministerios como el de Justicia, Empleo o Agricultura.
Nos encontramos ante el desarrollo de entornos de trabajo en los que la transparencia adquiere cada vez mayor importancia, y las organizaciones han de adaptarse a estos nuevos modelos de reporte, fomentando la transparencia empresarial a nivel europeo.
Fuente: forética.com
